Los fabricantes de automotores y sus trabajadores son hasta el momento las últimas víctimas de una crisis financiera mundial que provoca cierres de plantas y decenas de miles de despidos en los cuatro rincones del planeta.
La retracción del crédito, el desempleo y la consecuente baja del consumo provocaron una fuerte caída de las ventas de automotores en octubre en Estados Unidos, con una reducción de 41% para el número uno, General Motors (GM), Chrysler descendió 47%, el fabricante japonés Toyota vendió 34% menos y Ford 30,6%.
La economía estadounidense perdió 533.000 puestos laborales en noviembre, haciendo subir la tasa de desempleo a 6,7%, el nivel más alto en los últimos 15 años, según cifras publicadas este viernes por el departamento de Trabajo.
GM prevé suprimir hasta 31.500 empleos en América del Norte hasta 2012, según el plan de reestructuración que presentó el martes ante el Congreso, en las audiencias que el cuerpo organizó con los dirigentes de las «Big Three» (GM, Ford y Chrysler).
«La tasa de desempleo pesa sobre el mercado», subrayó Phil Flynn, de Alaron Trading. «La gente no va a comprar, autos, casas, y ello reaviva los temores de que la crisis sea prolongada y profunda», afirmó el analista.
El país contiene el aliento esperando saber si los tres grandes fabricantes automotores escaparán a la crisis, en un sector que representa tres millones de empleos directos e indirectos.
El presidente George W. Bush -que admitió que la economía está en recesión- urgió este viernes al Congreso a tomar una decisión «la semana próxima» sobre la ayuda para la industria automotriz estadounidense, y admitió su preocupación «sobre el dinero de los contribuyentes aportado a esas compañías que pueden no sobrevivir».
El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, había solicitado el jueves a los fabricantes «una evaluación realista de la evolución del mercado y de los medios necesarios para que esas empresas sean durablemente viables», a fin de poder asistirlas.
Los congresistas demócratas intentan ayudar a la industria automotriz con parte de los fondos del plan de rescate de bancos por 700.000 millones de dólares aprobado en octubre, probablemente hasta un total de 34.000 millones.
Por su parte los republicanos y la administración del presidente Bush se oponen, argumentando que ya se votó en septiembre una ayuda de 25.000 millones de dólares con ese fin.
Pero las malas noticias se acumulan no solamente para los ineficientes fabricantes estadounidenses. En Brasil, sus homólogos anunciaron esta semana una fuerte caída de su producción en noviembre, de 34,4% respecto a octubre.
Para el presidente de la asociación de fabricantes brasileños (Anfavea), Jackson Schneider, un acceso más difícil al crédito para los compradores y tasas de interés más altas están haciendo caer la demanda, ya que la crisis financiera global «naturalmente afecta las decisiones de compra» de los consumidores.
La mayoría de los fabricantes de vehículos en Brasil anunciaron vacaciones colectivas obligatorias para sus trabajadores a fin de año y comienzos de 2009.
Según estimaciones de prensa, las medidas alcanzan a unos 47.000 empleados de firmas como GM, Peugeot-Citroen, Fiat y Volkswagen. Volvo, una subsidiaria de Ford, anunció asimismo 430 despidos en Brasil.
Según el ejecutivo, 131.237 personas trabajan en el sector automotor brasileño.
La industria automotriz argentina, uno de los motores de la expansión económica del país, también sufre el impacto negativo de la crisis financiera mundial.
En la provincia de Córdoba (centro), unos 2.600 obreros de automotrices vieron afectada su fuente laboral con el despido de aquéllos que tenían contratos transitorios y suspensiones en el caso de trabajadores de planta, según fuentes gremiales e industriales.
«Estamos con exceso de stock. La playa (de estacionamiento) de la fábrica está abarrotada de camiones. Por eso debemos parar la producción algunos días», dijo a la prensa Leonardo Destéfano, vocero del grupo Fiat.
Para paliar los efectos de la crisis, el gobierno peronista socialdemócrata de Cristina Kirchner anunció el martes un ambicioso plan de obras públicas por 21.000 millones de dólares y envió un proyecto de ley que contiene medidas de promoción del empleo, y un plan de blanqueo de capitales que fue fuertemente cuestionado por la oposición y economistas.
Las perspectivas son lúgubres para el sector del automóvil también en Europa y Asia.
China registró una nueva desaceleración de su sector manufacturero y Japón sufrió en noviembre una caída histórica de sus ventas de vehículos nuevos, del 27,7% interanual, su peor declive desde 1969.
En España, las matriculaciones de vehículos nuevos continuaron en noviembre a la deriva y cayeron un 49,6% interanual.
El presidente de los grupos francés Renault y japonés Nissan, Carlos Ghosn, hizo sonar nuevamente la alarma esta semana.
«Las destrucciones de empleos serán masivas en los países en que no se ayude rápidamente al sector automovilístico a financiarse» estimó.
España es el país más árido de Europa, con un tercio de su territorio en peligro de convertirse en zona desértica, y la actual crisis económica está haciendo que las autoridades se olviden de tomar medidas al respecto, según los ecologistas.
«El medio ambiente está pasando al último plano con la excusa de la crisis, el primer sacrificado es el medio ambiente», estima Julio Barea, responsable de Greenpeace para el agua.
Algo más del 30% del territorio español sufre un riesgo alto o muy alto de desertificación, según datos oficiales, y según la ONU, el 6% del suelo ya se ha degradado de forma irreversible.
A la sequía tradicional del este y sur del país –los embalses españoles estaban en diciembre en el 44% de su capacidad– se unen los efectos del cambio climático por el desarrollo sin medida.
A los incendios hay que añadir el peso de la agricultura de regadío, la tala de árboles, la extracción ilegal de agua –el 44% del agua que se extrae de los acuíferos se hace ilegalmente– la construcción desenfrenada de viviendas y el consumo de recursos (España es el país europeo que más agua consume y uno de los primeros en consumo energético).
Además, según datos recientes difundidos por la ONU antes de la reunión sobre cambio climático de Poznan, España vuelve a situarse como el país que más ha aumentado sus emisiones desde 1990.
Después de un período en que el gobierno conservador del Partido Popular (PP), de 1996 a 2004, hizo poco para hacer frente al cambio climático, su sucesor socialista anunció que iba a tomar medidas.
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, incluso incluyó la lucha contra el cambio climático en los tres grandes objetivos de su segundo mandato en la campaña para las elecciones de marzo.
Pero la crisis económica se coló en la agenda y la posibilidad de una vicepresidencia encargada de sostenibilidad se desvaneció y se transformó en la desaparición del ministerio de Medio Ambiente, hoy fusionado con el de Agricultura y Pesca, lo que fue duramente criticado por las organizaciones ecologistas.
Recientemente, el ministerio presentó un Programa de Acción Nacional contra la Desertificación que ha tardado ocho años en redactarse.
Entre sus objetivos no se habla de limitar la construcción desenfrenada de viviendas, uno de los motores del crecimiento económico español, actualmente parado debido a la crisis, sino de tener «flexibilidad para introducir modificaciones según las circunstancias del futuro» y «sensibilidad para adaptarse a las condiciones socioeconómicas», según el texto.
La crisis, aunque por una parte ha provocado el frenado del negocio del «ladrillo», por otra ha llevado al gobierno a prometer ayudas a las empresas para que construyan vivienda pública e infraestructuras, y no a diversificar la economía o a fomentar la creación de empleos en energías renovables, como defendía recientemente un informe de los sindicatos.
«Se sigue apostando por la utilización masiva de los recursos, no se está trabajando para desactivar la demanda» de éstos y se legisla al ritmo de «más embalses, más trasvases, más regadío», es decir, «más políticas del siglo XIX» que horadan la tierra, lamenta Barea.
Greenpeace advierte además de que en la costa española, más de un cuarto de la cual está construida, hay más de 3 millones de m2 de suelo recalificado, es decir, libre para edificar. El negocio de la construcción «ahora está parado pero cuando pase la crisis, se reactivará», avisa.
Para los ecologistas, «la política para luchar contra la desertificación tiene que englobar un cambio de mentalidad en la explotación del agua y en la política urbanística», resume a la AFP.