No pretendo asegurar que este sistema jurí­dico es más eficiente o mejor que el oficial, sin embargo creo que los pueblos organizados que creen en la cosmogoní­a Maya y fortalecen constantemente la cultura, practican los principios y procedimientos para solucionar con inmediatez sus conflictos. Los distintos pueblos que conviven en este paí­s valoran la dignidad de la persona, por ello, el sistema indí­gena se basa sobre el respeto, la fraternidad e igualdad, facultando a los ancianos y ancianas deliberar sobre un caso, cumpliendo un servicio de colaboración social.

El Derecho Indí­gena o conocido como Derecho Consuetudinario es un conjunto de normas, principios, formas de conducta y convivencia entre los miembros de una familia, comunidad o un pueblo, buscando la armoní­a en la población. Es contraria a los castigos fí­sicos violentos, inhumanos y degradantes como los linchamientos, los azotes o cortar el cabello del sindicado. Se busca la reparación del daño ocasionado mediante la conciliación entre los sujetos en conflicto y se previenen actos delictivos con la participación de las autoridades y los miembros de la comunidad. En cuanto al oleaje delincuencial actual, los consejos de ancianos serí­an las autoridades idóneas para reprender a tantos jóvenes que se dedican al robo, extorsión, secuestro y otros actos delictivos comunitarios.

Recientemente leí­ una nota periodí­stica (Prensa Libre 21/11/2008), en la cual se señala que la Defensorí­a Maya ha fomentado en Quiché el Sistema de Justicia Indí­gena, llegando a arreglos para solucionar problemas y asesorar a los comunitarios para acceder al sistema oficial. Esta mediación es tan solo un procedimiento del Sistema Jurí­dico Indí­gena que establece mecanismos fundamentales para resolver problemas sociales. Lamentablemente, el Derecho Maya ha sido ignorado por el Estado y excluido en el sistema de justicia durante la historia guatemalteca.

La Constitución Polí­tica de la República es clara en señalar que todos somos iguales ante la aplicación del sistema de justicia, por lo cual los jueces y tribunales están obligados a aplicarla el Sistema de Justicia Maya, tal como resolvió la Corte Suprema de Justicia un Recurso de Casación durante el año 2003.

La creación de los juzgados de Paz Comunitarios para conocer problemas de la población indí­gena es una decisión que no responde a la aplicación del Derecho Consuetudinario, sino una polí­tica para minimizar las crí­ticas contra el Estado excluyente. Es importante resaltar que los jueces comunitarios deben dominar un idioma indí­gena, resolver los casos a través de los usos y costumbres de la comunidad, pero siguen sin reconocer la existencia de un pluralismo jurí­dico.

Es inevitable oficializar el Sistema de Justicia Maya para valorar y aplicar sus principios, procedimientos, conocer sus alcances y lí­mites con fundamento legal. Espero que sea una alternativa ante la ausencia de la justicia oficial en las comunidades indí­genas.