Europeos y africanos participarán mañana y jueves en una conferencia sobre la inmigración y el desarrollo en Libia, importante país de tránsito de flujos migratorios desde el ífrica subsahariana con el que la Unión Europea (UE) quisiera mejorar su cooperación.
En Trípoli, los países miembros de la Unión Africana y la UE, que estarán representados en principio a nivel ministerial, adoptarán una declaración conjunta que cubrirá todos los aspectos de las cuestiones migratorias.
Este texto, muy general, señalará que «el control de la migración ilegal debe efectuarse en forma conjunta», y que es necesario «reforzar el papel de las diásporas en el desarrollo» o «facilitar las migraciones temporales» para trabajos puntuales.
Para la UE, esta conferencia debe inspirarse en la celebrada en Rabat en julio pasado, que había definido una estrategia de trabajo sobre las rutas migratorias de ífrica Central y Occidental hacia Marruecos y el archipiélago español de las Islas Canarias.
También es una ocasión de reforzar una cooperación, apenas incipiente, entre la UE y el régimen de Muammar Kadhafi.
«Espero que todo el mundo sea serio para resolver este problema, pero no estoy seguro de que lo sea y creo que es puramente propaganda», declaró el lunes Kadhaffi, al presentar la conferencia.
A raíz de su riqueza petrolera y su política «panafricana», Libia es desde hace mucho tiempo un país de recepción de inmigrantes procedentes del Este y el Sur de ífrica.
Pero con unos 1.770 km de frontera marítima, Libia se ha convertido en los últimos años en un punto de partida hacia Malta y, sobre todo, la isla italiana de Lampedusa, frente a Sicilia, que ha recibido unos 16.000 clandestinos desde enero pasado.
Sobre un total de 5,5 millones de habitantes, Libia contaría con 600.000 trabajadores extranjeros en situación regular y entre 750.000 y 1.200.000 clandestinos, según cifras de una misión enviada a Trípoli por la UE en 2005.
Esta situación ha creado fuertes tensiones en Libia, que parece interesada en recibir ayuda para controlar sus 4.400 kilómetros de fronteras en el desierto.
En ese sentido, la UE aportará 1,5 millones de euros (unos 1,9 millones de dólares) para un proyecto italiano de vigilancia de la frontera sur de Libia con Níger.
Esta cooperación es criticada por ONGs, como Human Rights Watch, que en un informe publicado a mediados de septiembre subrayaba que «las autoridades libias arrestan en forma arbitraria a los extranjeros sin documentos, los maltratan durante su detención y los devuelven por la fuerza a países como Eritrea o Somalia donde corren el riesgo de ser perseguidos o torturados».
Si Libia quiere ayuda para controlar sus fronteras terrestres, se niega en cambio por el momento a permitir que los europeos patrullen sus aguas territoriales.
Un gran obstáculo en las relaciones entre la UE y Libia sigue siendo la detención desde hace siete años de cinco enfermeras búlgaras y un médico palestinos, acusados de haber inoculado el virus del sida a niños libios y por ello condenados a muerte.
La UE espera que sean declarados inocentes de esos cargos durante el veredicto de un nuevo proceso el 19 de diciembre próximo.