Estados Unidos liberó a México ayer 197 millones de dólares de los 400 presupuestados en la Iniciativa Mérida, para un primer paquete de equipamiento contra el narcotráfico y el crimen organizado que llegará al país latinoamericano antes de abril.
«La firma de la Carta del Acuerdo libera 197 millones de dólares de los 400 millones que aprobó el Congreso de Estados Unidos en los fondos suplementarios del año fiscal 2008», dijo el embajador norteamericano en México, Tony Garza, tras firmar el documento junto con el subsecretario mexicano para América del Norte, Carlos Rico.
Garza y Rico firmaron el acuerdo que da luz verde a los programas de capacitación, que iniciarán de inmediato, y al envío próximamente de equipos tecnológicos.
Este primer fondo de 197 millones será administrado por la Oficina de Cooperación Antinarcóticos de Estados Unidos y financiará equipos, tecnología y capacitación para fortalecer la capacidad de México en el combate a la delincuencia transnacional, dijo a la prensa una fuente de la cancillería mexicana.
Todo el equipamiento enviado por Estados Unidos -no habrá entrega de dinero efectivo- quedará en propiedad de México y será utilizado por personal nacional, señaló Rico.
Uno de los 29 programas que incluye este primer fondo destina 22 millones de dólares a la modernización del equipamiento y la capacitación de los funcionarios migratorios en la frontera sur mexicana, para la «ayuda y rescate de los inmigrantes que están en una situación de vulnerabilidad».
Otros 24 millones se destinarán a la reforma de la Procuraduría (fiscalía) mexicana, específicamente a mejorar los controles de confianza en los organismos policiales y judiciales.
El gobierno mexicano emprendió recientemente un proceso de depuración que ha derivado en la detención de altos mandos en la lucha contra el narcotráfico, como un ex fiscal antidrogas, supuestamente coludidos con grandes cárteles.
La fuente consultada explicó que la Iniciativa Mérida también incluye para este primer año fondos que todavía se están negociando, uno en materia de cooperación internacional y otro en Defensa, el cual incluirá la transferencia de avionetas y helicópteros.
«Empezamos por aquí porque se trataba del paquete que podía armarse más rápido. El resto de los paquetes tiene una dinámica de consulta muy larga», aclaró la fuente.
Los tres fondos suman los 400 millones de dólares aprobados por el Congreso estadounidense en junio pasado, para el primero de los tres años de la Iniciativa Mérida, que destinará a México 1.400 millones de dólares y otros 200 a América Central.
México vive una ola de violencia que ha causado desde enero más de 4.500 homicidios y cuyo epicentro se encuentra en la frontera con Estados Unidos, especialmente en Ciudad Juárez y Tijuana.
El gobierno de Felipe Calderón desplegó a su llegada hace dos años un operativo con más de 36.000 militares y reclamó corresponsabilidad Estados Unidos por ser el primer consumidor mundial de droga y el mercado proveedor de una buena parte del armamento utilizado por los cárteles narcotraficantes mexicanos.
«Hay que decirlo. A veces los narcotraficantes han coordinado e integrado sus operativos transnacionales mejor que las autoridades de nuestros países», reconoció Garza.
El subsecretario Rico subrayó que la Iniciativa Mérida no es «un programa de ayuda sino de cooperación; todo se hace de forma bilateral y en consulta».
También mostró su confianza en que la próxima administración estadounidense mantendrá el presupuesto de la iniciativa y dijo que el presidente electo Barack Obama siempre se ha mostrado a favor de este compromiso con México.
«No hay ninguna razón para pensar que habrá algún cambio al respecto», sostuvo Rico.
El Congreso del estado de Coahuila (norte) aprobó la noche del martes una polémica iniciativa que impulsa restituir en México la pena de muerte a secuestradores, abolida en 2004, luego de que el gobernador de la entidad dijera que su única duda es si los fusilará, degollará o ahorcará.
«La legislatura aprobó con 22 votos a favor y 10 en contra la iniciativa para reformar la Constitución General de la República a fin de que se aplique la pena de muerte en caso de secuestro y se prive de la vida», dijo a la AFP Francisco Saracho, presidente de la comisión de Gobernación del Congreso de Coahuila.
Antes de que los legisladores votaran, el gobernador Humberto Moreira aseveró que «la discusión en Coahuila no es la pena de muerte, es cómo los vamos a matar, si los vamos a fusilar, si los vamos a degollar, si lo vamos a ahorcar o algo «light», que puede ser la inyección letal».
La pena de muerte se abolió completamente en México en 2004, cuando aún estaba permitida para las faltas contra la disciplina militar, aunque no se aplicaba en el país desde 1961.
El gobernador de Coahuila, del Partido Revolucionario Institucional (PRI, que gobernó el país de 1929 a 2000), impulsó ante el Congreso de su estado la iniciativa para que éste la envíe al Parlamento federal con el objetivo de que se modifique el artículo 71, que permita a los gobiernos estatales aplicar la pena capital.
Una fuerte discusión se registró la noche del martes en el Congreso de Coahuila ante la negativa del conservador Partido Acción Nacional (PAN, gobernante a nivel federal) de apoyar la iniciativa de Moreira, que incluso llevó a sus representantes a tomar por la noche la tribuna para impedir su aprobación.
Sin embargo, la mayoría priísta en el estado logró la aprobación, apoyada por los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, una agrupación política que ha desplegado una campaña a nivel nacional a favor de la pena de muerte contra secuestradores.
El presidente de la Cámara de Diputados federal, César Duarte, se declaró listo para recibir la propuesta este miércoles y se pronunció porque se lleve adelante un gran debate nacional.
«Es un tema que merece atenderse, el clamor generalizado de la gente es muy claro, es muy clara la posición de la sociedad mexicana que está agraviada y lastimada y temerosa de la manera cómo ha crecido la delincuencia», indicó el miércoles Duarte, del PRI, en implícito apoyo a la iniciativa.
No obstante, senadores federales del PAN (mayoría) advirtieron que esta ley no pasará por ser irresponsable y regresiva.
«Yo la veo disonante, sería una regresión, una involución desde el punto de vista político, de los derechos humanos, de la construcción de la democracia y puede calificarse como una irresponsabilidad», declaró Gustavo Madero, presidente del senado mexicano.
Una creciente ola de secuestros se ha desatado en el país con más de 964 plagios en lo que va del año.
En agosto, un 74,8% de los mexicanos se manifestó a favor de la pena de muerte para delincuentes que incurran en delitos graves, según una encuesta de una consultora privada.
La consulta se llevó a cabo antes de que se conociera el secuestro y asesinato de un joven de 14 años, hijo de un acaudalado empresario mexicano, que provocó un clamor nacional para terminar con este delito y forzó al gobierno a asumir compromisos públicos con plazos concretos.