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Señor Presidente

Aprovechamos esta oportunidad para felicitarle por su triunfo electoral y recordarle que los votantes latinos hemos puesto nuestras esperanzas en sus promesas de cambio y esperamos que uno de ellos se materialice en la forma de cómo su gobierno tratará a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos.

Entendemos que es difí­cil que en los primeros seis meses o posiblemente en el primer año de su administración, el Congreso discuta y apruebe una reforma integral que ajuste la situación migratoria de más de 12 millones de inmigrantes indocumentados que viven, trabajan y contribuyen con sus impuestos y sus habilidades a este hermoso paí­s.

Independientemente de cuándo y cómo se llegue a discutir dicha reforma en el Congreso, le recordamos que su administración tiene la potestad de tomar acciones ejecutivas que podrí­an beneficiar a la comunidad inmigrante indocumentada de forma inmediata.

Sin duda su inauguración como presidente el próximo 20 de Enero será un suceso histórico sin precedentes. De igual manera podrí­a pasar a la historia si haciendo uso de su visión del cambio tomando las acciones administrativas pertinentes para corregir las polí­ticas de la administración saliente y el Congreso han creado, en perjuicio de toda la sociedad, incluyendo a la comunidad inmigrante.

Obviamente los más de 12 millones de indocumentados que viven en este paí­s no pudieron votar por usted, pero ellas y ellos también cifran sus esperanzas en ese cambio que usted a prometido, un cambio que mejore sus vidas y la de sus familias aquí­, en los Estados Unidos y en nuestros paí­ses de origen. Sabemos que mientras el Congreso no reforme las leyes obsoletas de inmigración vigentes, usted tiene la potestad de mitigar la situación de persecución y terror bajo la cual esta viviendo la comunidad indocumentada actualmente.

Usted tiene oportunidad de seguir haciendo historia al favoreces a millones de ciudadanos, residentes permanentes e inmigrantes indocumentados, mediante utilizar sus poderes ejecutivos y marcar un cambio de tono desde el comienzo de su administración, sentando las bases para una nueva era de la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, y la sociedad en general.

Señor Presidente Electo Barack Obama, estas son las peticiones más urgentes que MIGUA le solicita, las cuales esperamos tome en cuenta en los primeros seis meses de su gobierno, independientemente de que se den o no mayores avances en materia legislativa.

Alto inmediato a las redadas y deportaciones:

A partir de abril del 2006 el Departamento de Seguridad Nacional aumenta sus operativos de detención y remoción de inmigrantes indocumentados. Se han llevado a cabo varias redadas masivas en una docena de estados, que han tenido como resultado la separación de familias y la interrupción de la vida social y económica de muchas comunidades.

Por lo tanto es justo que se declare una moratoria a los operativos, tanto contra individuos como en contra de colectivos, hasta que el Congreso apruebe una reforma integral a ley de inmigración.

ICE Y POLICíAS

En los últimos años se han impulsado acuerdos entre las autoridades locales y las de inmigración, con base en el programa 287 (g) de la Illegal Inmigration Reform and Immigrant Responsability Act (IIRAIRA), que han llevado a que las primeras apliquen leyes federales. Y procesos basados en perfiles raciales de la gente, a gastos indebidos en las localidades, y a poner el ejercicio de la ley federal en manos oficiales que no están entrenados ni capacitados en las leyes migratorias.

Por lo que se debe suspender la promoción de acuerdos entre las policí­as locales e inmigración basados en la 287 (g), y anular los acuerdos ya pactados, para dejar la ejecución de la ley de inmigración exclusivamente en manos del Departamento de Seguridad Nacional.

NO MATCH

Suspender el enví­o a los patrones y empleadores de cartas colectivas o individuales que se convierten en herramientas para mal ejercer las leyes de inmigración. Desautorizar las últimas recomendaciones del actual Secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, y atenerse a las decisiones de la Corte Federal del Noveno Circuito de 2007 que impedí­an las aplicaciones del uso combinado de las bases de datos de inmigración con las del Seguro Social.

REAL ID

La ley del Real ID convirtió las licencias de manejo en documentos nacionales de identidad, a un alto costo para los gobiernos estatales y en detrimento de las comunidades inmigrantes indocumentadas que necesitan documentos de manejo.

ROBO DE IDENTIDAD

Las consecuencias para los trabajadores indocumentados en varios de los operativos de inmigración, además del proceso de deportación, ha sido la acusación de «robo de identidad» (18 U.S.C. 1028 (A) (a) (1), que implica sentencias de cárcel de hasta 2 años), por el uso de identificaciones falsas o de números de seguro social. Esto ha sido un factor en la criminalización de los trabajadores, pero no ayuda a resolver el problema real del robo de identidad con el objeto de esquilmar a una persona, un delito en aumento alrededor del mundo.

INDOCUMENTADOS

En el año 2004, el Procurador General autorizó las llamadas «remociones inmediatas» de los indocumentados detenidos hasta a 100 millas de distancia de la frontera de Estados Unidos (69 Fed. Reg. 48877).

Se debe suspender la «remoción inmediata» de todas las personas hasta que no se garantice que se seguirán los procedimientos legales constitucionales que garantizan la audiencia ante un juez y el tiempo necesario para plantear su caso ante el mismo, Sobre la Junta de Apelaciones (Departamento de Justicia)

DISCRIMINACIí“N

Desde 1999, la Comisión de Igualdad en el Empleo (EEOC) reconoció que los trabajadores indocumentados son más vulnerables a la discriminación, y les concedió, con muy pocas excepciones, los mismos derechos a demandar contra la discriminación que a los demás trabajadores.

E-VERIFY

Suspender la inscripción de los patrones en el Programa E-Verify hasta que el Departamento de Seguridad Nacional demuestre que sus bases de datos son confiables, por lo menos hasta el nivel del «MOU» estándar utilizado para la verificación de los trabajadores de gobierno, y hasta que el Congreso apruebe una legislación que regule la verificación adecuada de documentación y garantice que este proceso no se convierta en un arma para la discriminación aboral, las represalias contra trabajadores organizados o en proceso de organizarse, o usando el viejo método de reemplazo de la fuerza laboral con antigí¼edad por una de nuevo ingreso.