La política antidrogas del próximo presidente estadounidense Barack Obama será una de las áreas que pondrá a prueba su promesa de cambiar las relaciones con América Latina, coinciden líderes políticos y analistas en Washington.
Desde la decisión del presidente ecuatoriano Rafael Correa de cerrar la base militar estadounidense de Manta, en el sureste del país, hasta la expulsión de agentes de la agencia antidrogas DEA de Bolivia, los líderes de izquierda de la región no esperan la llegada de Obama al poder para seguir lanzando desafíos.
«Deberíamos abrir el diálogo, escuchar a esos países. Siempre he dicho que no podemos decir «si eres amigo de Hugo Chávez eres nuestro enemigo». Esa es una política estúpida», explicó a la AFP el demócrata Eliot Engel, líder del comité para América Latina en la Cámara de Representantes.
Engel se reunió en las últimas semanas con varios presidentes latinoamericanos de paso por Washington, como el propio Evo Morales.
«No creo que fuera de gran ayuda expulsar a nuestro embajador y que esté expulsando a la gente de la DEA, y así se lo dije», explicó Engel al resumir su encuentro con el mandatario boliviano.
Morales aseguró por su parte ante la prensa que fue claro en su conversación con los demócratas, sobre todo al defender el cultivo de la coca en su país.
«No me humillen» clamó en la sede de la OEA el presidente boliviano, al referirse al programa de certificación antidrogas de Estados Unidos, que tanta polvareda levanta anualmente en la región.
Los demócratas, que gozarán de una cómoda mayoría parlamentaria desconocida en décadas en Washington, no esconden su incomodidad con ese tono desafiante de una región que viró a la izquierda de forma dramática en los últimos años.
«El presidente Correa es firme en su intención de cerrar Manta. Le dije que está equivocado, pero lo respeto. Eventualmente deberemos buscar un sustituto en otro país», explicó Engel.
La base de Manta es uno de los puntos estratégicos para la lucha antidrogas de Estados Unidos, y el plazo para sacar las tropas, tras el anuncio de Correa en julio pasado, es noviembre de 2009.
Obama dio indicios durante su campaña electoral de que alberga dudas sobre el resultado del Plan Colombia, tras siete años y más de 6.000 millones de dólares gastados en ese país.
Su ahora vicepresidente, Joe Biden, encargó un informe en 2007 para evaluar los resultados del Plan Colombia, cuando era senador.
El informe, cuyos resultados salieron a la luz justo después de la elección de Obama, preconiza de hecho recortar el Plan Colombia y «transferir» al gobierno de ílvaro Uribe parte de la tarea, como la sustitución de cultivos.
A la espera del nombramiento del próximo jefe o jefa de la diplomacia estadounidense, la presión y las propuestas para un cambio drástico de dirección abundan en Washington.
«Todavía pienso que esta (próxima) administración puede hacer las cosas de manera distinta, por ejemplo, acabar con la fumigación, que no es nada constructiva», asegura Joy Olson, directora ejecutiva de la progresista Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que pide directamente el fin del Plan Colombia.
Veinte personalidades de la región, entre las cuales varios ex presidentes latinoamericanos, proponen por su parte una «evaluación total, comparativa» de la actual política antidrogas estadounidense.
«El estudio debería examinar con profundidad las experiencias de otros países y regiones, incluida Europa, Canadá y Asia», preconizaron los expertos esta semana en su informe, patrocinado por el Instituto Brookings.
«En este país, que es un mercado consumidor muy importante, esta discusión no ha sido conducida de forma abierta», explicó el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo, uno de los integrantes del grupo de reflexión.