Grupos y organizaciones campesinas dicen ser víctimas de represión por parte de fuerzas de seguridad durante los desalojos de fincas.
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Los conflictos agrarios son uno de los más serios problemas que afrontan las comunidades campesinas de los departamentos de Petén e Izabal, la zona norte de Guatemala, donde se registran aproximadamente 700 disputas por la tenencia de tierras.
De acuerdo con la Secretaría de Asuntos Agrarios, en todo el país se conocen cerca de mil 500 conflictos que en su mayoría se derivan de la falta de certeza jurídica sobre la tierra, y se estima que este año se resolverán únicamente 480 de esos casos.
Las zonas más sensibles en las diputas por la tierra son las áreas protegidas por el Estado, donde habitan decenas de grupos campesinos, quienes las utilizan para instalar sus improvisadas viviendas y cosechar granos básicos para la subsistencia familiar.
íREAS PROTEGIDAS
Alfonso de León, titular de Asuntos Agrarios en la Presidencia, señala que en las áreas protegidas se registran 210 casos, que enfrentan a grupos campesinos y a las autoridades gubernamentales, que de forma insistente han intentado recuperar los terrenos para la preservación de la biodiversidad.
Los conflictos agrarios son «complejos e históricos», dice el funcionario, quien considera que existe la posibilidad de dialogar y utilizar sistemas de mediación para dar fin a las disputas.
Sin embargo, la mayoría de casos no se resuelven por la vía del diálogo y se forman procesos judiciales contra los campesinos, a quienes se les ha acusado de invasores y usurpadores de tierras.
«Los problemas son muy complejos y hay que vivirlos para poder entenderlos», señala Juan Tiney, de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic).
De acuerdo con la Conic, en la mayoría de las órdenes de desalojo contra los pobladores de las áreas protegidas se encuentran implícitos intereses de grupos de poder, como «pueden ser traficantes de madera, narcotraficantes o terratenientes que quieren aprovechar las tierras».
Por ende, señala que los desalojos de las fincas se realizan de forma violenta, con una importante presencia de las fuerzas de seguridad del Estado y la ausencia de observadores de derechos humanos.
«El Consejo Nacional de íreas Protegidas (Conap) actúa de forma arbitraria contra los campesinos, y es permisivo con los grupos de poder que mantienen el interés por el corredor del Norte», apunta Tiney.
«A pesar de las críticas contra los campesinos que viven en las zonas protegidas, éstos se han dedicado a cuidar los recursos y a evitar la contaminación», agrega.
Pese a los intentos de este vespertino para conocer la postura del Conap acerca del tema, la entidad -por medio de su oficina de Prensa- dijo no tener una respuesta.