Ayer el ministro de Finanzas reconoció que es un serio problema la asignación de recursos para las Organizaciones No Gubernamentales, haciendo eco de lo que ya había dicho el mismo Presidente de la República. Ayer mismo, el Colectivo de Organizaciones Sociales dijo que eso contribuye a fomentar la corrupción y luego el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso declaró en términos más o menos concurrentes.
Entonces, si todo mundo sabe que esa piñata es corrupción y que el dinero del pueblo será de muy difícil fiscalización, por qué jocotes no hacen algo. Un centavo que se robe alguien por medio de las ONGs será intolerable porque está predicho hasta el cansancio que eso va a ocurrir y todos, sin excepción, lo aceptan.
Hasta la misma Contraloría de Cuentas, tan poco eficaz en sus funciones, dice que en el caso de las ONGs pierde hasta esa mínima capacidad que tiene para fiscalizar otras cuentas. En resumen, hay coincidencia plena en el sector público y en las organizaciones sociales de que se trata de un robo descarado el que, con criterios de clientelismo, fomenta el Congreso de la República y es urgente que el gobierno haga algo. El veto parcial del decreto de aprobación del presupuesto puede ser una salida, y la otra es la que ayer señalamos en el sentido de que el Ministerio de Finanzas tiene que ser extraordinariamente cuidadoso para evitar que se hagan micos y pericos con el dinero de los contribuyentes.
Hasta hoy el único ofrecimiento que se ha hecho concreto es el del vicepresidente Espada en el sentido de que él personalmente supervisará el presupuesto y que evitará anomalías, lo que en el fondo sólo sirve para confirmar lo extraño que es el ejercicio de funciones públicas para ese funcionario porque la Vicepresidencia tendría que tener un contingente de auditores trabajando en paralelo a la Contraloría para cumplir con esa promesa. Lo que debe hacer Espada es ofrecer que cada denuncia será atendida y que con base en los señalamientos de corrupción que vayan surgiendo se tomarán las medidas correspondientes.
Cuando todos en un gobierno ven que hay una puerta abierta para la corrupción y nadie se decide a cerrarla, es claro que vamos en mala dirección. El Congreso termina siendo ahora el responsable de haber promovido el mal uso de los fondos públicos mediante asignaciones a esas entidades que no ofrecen transparencia. Ojalá que el mismo Congreso, si acaso tiene la mínima preocupación por su imagen, adopte medidas correctivas y frene la piñata.