Sólo 20 mujeres participan como diputadas en el Congreso de la República, frente a una plana de 138 hombres.
De acuerdo con los resultados del último Censo Poblacional, realizado por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2002, las mujeres constituyen el 51.08 por ciento de la población guatemalteca. Sin embargo, estos datos no concuerdan con el número de mujeres que ocupan los principales puestos de decisión económica y política del país.
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En el pasado proceso electoral, los partidos políticos presentaron una mayor cantidad de candidaturas de hombres, lo que arrojó resultados poco favorables para la inclusión de más mujeres en la política.
Esta desigualdad impacta en las políticas públicas que se impulsan desde las instituciones del Estado. Al carecer de un enfoque de género, el trabajo legislativo, gubernamental y judicial, reproduce la exclusión política de las mujeres, e impide la construcción de una verdadera democracia participativa.
Cuando al inicio de su mandato se le cuestionó al presidente ílvaro Colom sobre la poca participación de mujeres al frente de los ministerios, señaló que bastaba con que en su equipo no hubiera ningún machista. Este mismo argumento fue utilizado por la mayoría de los partidos políticos durante la campaña para excusar la poca inclusión de mujeres en sus listados de candidaturas.
Organizaciones de mujeres han insistido en que la representación de la población femenina en los cargos públicos permite una imagen de equidad de género del Estado, y la implementación de políticas públicas a favor de las mujeres.
La Constitución Política de la República sostiene que todas las personas, tanto hombres como mujeres, tenemos el mismo derecho de elegir y ser electos para cargos públicos; esta misma garantía está estipulada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No obstante, ante la exclusión política de las mujeres, se ha comprobado, en otros países, la eficacia de implementar acciones afirmativas para revertir esta situación.
En varios países de América Latina se han aprobado normativas que otorgan cuotas mínimas de participación para la población femenina. Estas iniciativas tienen carácter temporal y su objetivo es acelerar la igualdad entre hombres y mujeres en los cargos públicos.
Tres países de la región -Costa Rica, Ecuador y Bolivia- han decidido dar un paso más en este esfuerzo para establecer leyes de paridad, que garanticen la participación de hombres y mujeres en la misma cantidad.
Se afirma que la «apertura democrática» en nuestro país sucedió en 1985. No podemos conformarnos con la situación actual. Hasta que toda la población esté equitativamente representada en las principales instituciones del Estado, podremos aceptar que en Guatemala existe una verdadera democracia.