El juez español Baltasar Garzón renunció hoy a investigar el paradero de los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo y dejó el caso en manos de tribunales provinciales, como pedí­a la fiscalí­a, sin esperar a que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre su competencia.

El juez de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, anunció el 16 de octubre que iba a investigar la suerte de más de 114 mil desaparecidos y autorizó la apertura de 25 fosas comunes donde se cree están enterradas ví­ctimas del bando perdedor de la Guerra Civil (1936-1939), es decir los Republicanos, y de la etapa de represión de la dictadura franquista (1939-1975).

Garzón decidió hoy enviar la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas que autorizó a abrir, anunciaron fuentes judiciales.

La fiscalí­a se oponí­a a esta investigación, que podrí­a ser la primera sobre esa etapa en España, amparándose en una ley de amnistí­a de 1977 por la cual prescribí­an los delitos de esa época.

Pero el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió recientemente anular esa ley, por estimar que está en contradicción con los tratados internacionales ratificados por España.

La decisión de Garzón «deja en evidencia la debilidad de la democracia española a la hora de afrontar la reparación a las ví­ctimas del franquismo», declaró Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

Además «deja la pelota en el tejado del gobierno», que es contrario a una investigación judicial, al igual que la fiscalí­a, dijo.

La ARMH, que agrupa a familiares de ví­ctimas, exhuman los restos de sus parientes desde hace ocho años al margen de las acciones judiciales. Desde el 2000 ha abierto más de 170 fosas y exhumado unos 4 mil cuerpos, y posee datos de la existencia de casi 400 fosas en todo el paí­s.

El 16 de octubre, el juez pidió además a los registros civiles los certificados de defunción de los 35 principales responsables -entre entre ellos el general Franco-, del bando fascista vencedor de la Guerra Civil, para «declarar la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento», lo que hizo hoy con 44 responsables.

Garzón explica en su auto que «una vez que se ha constatado la extinción de la responsabilidad por fallecimiento (…), la competencia de este Juzgado y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desaparecen».

Por eso transfiere a los juzgados territoriales la responsabilidad de encargarse de forma «urgente» de la apertura de las fosas, en una de las cuales se cree que se encuentra el poeta Federico Garcí­a Lorca, asesinado por los franquistas poco después del estallido del conflicto.

El juez pide «la más rápida y urgente exhumación de los cuerpos de los que existan datos (…). Máxime si se tiene en cuenta que, al tratarse de un crimen de detención ilegal con desaparición forzada de personas, el delito se sigue cometiendo hoy, tanto en el caso de los que aparezcan muertos, como en el de los que estén vivos», según el texto del auto.

Además considera «urgente la identificación de los autores materiales o los demás participes en los hechos» y sus testimonios, ya que si viven, «tendrán una edad muy avanzada», según el auto.

Garzón también pide investigar el paradero de niños que en esa época fueron sustraí­dos de sus familias republicanas y a quienes se les cambió de nombre para ser adoptados por familias del bando ganador o que fueron internados en instituciones estatales.