Después de haber leído el artículo de este último jueves de don Oscar Clemente Marroquín, «un sistema nacional de transparencia», no dejé de sentir frustración por este tema tan delicado que todos los gobernantes del país, en forma deliberada y tradicional, siempre han dejado a un lado. Nuestro director escribe que el problema central de Guatemala está en la ausencia de mecanismos de control que busquen evitar el saqueo que ha caracterizado en todas las administraciones, a la gestión pública de nuestro país. Y es que esta situación ha sido precisamente la que mantiene el estatus de pobreza e ignorancia que padece nuestra patria. Pues mientras los politiqueros se aprovechan llenándose los bolsillos, por otro lado existen también los empresarios que emplean este argumento para no pagar impuestos. Por eso es que el licenciado Marroquín, al mencionar que el origen del problema está en la ausencia de mecanismos de control en la gestión pública, ha puesto el dedo sobre la llaga, pues de existir estos controles estaríamos reduciendo sensiblemente el numero de rateros que se gradúan de millonarios cada período de gobierno, al mismo tiempo de dejar sin argumentos a aquellos que han sido renuentes ha tributar para que el Estado cuente con los recursos necesarios para atacar los grandes males sociales que padece nuestra nación.
Y si esta resulta una gran verdad, ¿por qué entonces no se han instituido estos mecanismos de control?, sobre todo porque el simple hecho de estar en el poder ha dado la oportunidad a nuestros gobernantes para simplemente hacerlo. En el caso del ingeniero Colom por ejemplo, el no tiene pretexto alguno porque tuvo y aún sigue teniendo, la oportunidad de poder hacerlo. Lo digo porque este servidor fue coordinador de la Política de Desarrollo Democrático de su plan de gobierno, y fue en esa instancia precisamente donde se creó el proyecto del Consejo Nacional Contra la Corrupción para combatir de una vez por todas y de manera efectiva, este flagelo que tanto daño le ha hecho y le sigue haciendo al país. Por supuesto que el ingeniero Colom sólo utilizó este proyecto como ofrecimiento de campaña, pues en lo que concierne a esta entidad, sólo tuvimos la oportunidad de estructurarla en papel. Esta era (y algún día tendrá que ser) una institución con presencia en todo el territorio nacional y constituida por los actores más incidentes de la sociedad guatemalteca, donde las universidades, asociaciones estudiantiles y empresariales, colegios profesionales, iglesias, sectores obreros y sindicales, así como la prensa escrita, radial y televisada, solo por mencionar algunos, formaran parte de una institución con amplios poderes para monitorear, supervisar y transparentar la cosa pública de Guatemala. Cuando presenté en el Club Ariana de la Avenida La Reforma este proyecto el año pasado, recuerdo que uno de los compañeros me censuraba por lo oneroso que esto significaba, pero al explicarle que de acuerdo a un estudio del Banco Mundial la corrupción en Guatemala representó durante la década de los noventa un costo aproximado de mil ochocientos millones de dólares y que el gasto anual de mantener una institución que cambiaría el rostro social, moral y económico de Guatemala, representaba una cantidad anual de 220 millones de quetzales, provocó que finalmente estuviera de acuerdo en que si valía la pena instituirla. El problema de la corrupción en Guatemala no se limita a las expresiones irreales de algunos funcionarios que dicen ser graduados de profesionales y de la triste realidad de salir efectivamente graduados al final de cada período de gobierno, pero de millonarios. No, el problema principal está en que esos recursos que se van en sus bolsillos, representan un drenaje de recursos indispensables para el crecimiento y la prosperidad de Guatemala en desmedro de los sectores de menores ingresos, frustrando sus posibilidades de mejorar su nivel y calidad de vida. Continuará