Jamás el país estuvo tan preparado como en el año 2004 para realizar la más profunda transformación en el tema de la probidad y combate a la corrupción. Al margen de las razones que lo generaron, el hecho cierto es que nunca en la historia del país se había escrutado tanto el manejo de los fondos públicos como con el gobierno de Portillo y es indiscutible que el resultado fue un claro mandato del pueblo de Guatemala al elegir a í“scar Berger simple y sencillamente porque a la gente le pareció honrado.
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Era el momento de crear un sistema nacional de transparencia, de absoluta rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos y oportunidad para modificar procedimientos administrativos diseñados cabalmente para facilitar el escamoteo de los fondos públicos. Sin embargo, la verdad es que nada se hizo y fuera de una torpe acción penal contra Portillo y acciones de revancha contra funcionarios de su gobierno, Berger y su gente ignoraron el mandato de los guatemaltecos para transparentar la gestión pública y todo quedó intacto.
Las condiciones hoy son idénticas a las que había hace cuatro años y a las que teníamos hace ocho años. Fuera del portal de Guatecompras que ha sido seriamente cuestionado, no hay en realidad ningún avance en la fiscalización y la rendición de cuentas sigue siendo inexistente en el país. Estoy convencido que este es un juego que les conviene a casi todos, porque en medio de esos procedimientos administrativos tan turbios, pueden hacer plata no sólo los funcionarios pícaros, sino también los empresarios que saben cómo mover la melcocha. Por eso es que el sistema no ha sido cambiado y por eso no escuchamos presiones para que lo cambien, porque al final se trata de un juego en el que muchos ganan, sobre todo de los que más influyen y deciden.
A otros les conviene el relajo porque les sirve de pretexto para objetar la necesidad de pagar impuestos. Y con el argumento de que no hay que tributar porque el dinero se lo roban, se permiten robarse ellos el dinero que tendría que entrar a las arcas nacionales para financiar el desarrollo.
El problema central de Guatemala está en la ausencia de mecanismos de control y sobre ese tema no se profundiza ni se quiere trabajar seriamente. Hace años que vengo diciendo que las normas que rigen a la Contraloría de Cuentas son no sólo anacrónicas, sino inútiles en la práctica porque apenas si permiten que se persiga a un tesorero municipal de recóndita jurisdicción porque los ministros y altos funcionarios tienen que ser muy babosos para dejarse agarrar.
Repito que por ser un juego que beneficia a muchos, tanto políticos como particulares, tanto funcionarios como empresarios, resulta sólido e inamovible porque no hay reales intereses por cambiar las cosas. Entre meterse a una cruzada por forzar a la transparencia y el real combate a la corrupción y mantener otra contra el pago de impuestos, es obvio que resulta más fácil la segunda y también más conveniente.
Si Colom quiere dejar un legado contundente al país, debe retomar aquel mandato que hace cinco años el pueblo le había dado a Berger para entrarle de lleno al combate a la corrupción creando sistemas de rendición de cuentas y transparencia. Por lo menos le quitaría para el futuro bandera a quienes históricamente han objetado toda reforma fiscal.