Mucho se ha dicho sobre el Consejo de Cohesión Social que impulsa y dirige la primera dama de la Nación, Sandra Torres de Colom. Unos han satanizado el programa, otros lo ven como alternativa de solución a la crisis socioeconómica que atraviesan los guatemaltecos pobres y en extrema pobreza.
En 2007, en Guatemala se realizó el V Encuentro de Biarritz, en el que se concluyó que el concepto de Cohesión Social está dirigido a la evolución de las sociedades que imponen nuevas pautas en sus modelos de administración social y apuntan a la atención integral de las necesidades básicas insatisfechas, la formación de nuevas capacidades dentro de un entorno de libertad y respeto a los derechos humanos. Inclusión y sentido de pertenencia son los elementos básicos de la ecuación de la Cohesión Social que en los países donde se ha implementado ha permitido el aumento en la expectativa de vida, la disminución del analfabetismo, la masificación de la enseñanza primaria, la disminución de las tasas de fecundidad y la incorporación de la mujer al mercado, pero ha generado el crecimiento de la informalidad, no permite una buena fiscalización y, además, ha agravado las condiciones generales de gobernabilidad
Falsa transparencia y clientelar
La alta dirigencia del Partido Patriota que cuestiona el fondo del Programa, considera a Cohesión Social como un proyecto asistencialista y clientelar, que no resolverá los problemas de fondo, más bien incrementará la pobreza y el desempleo. Según el general Otto Pérez Molina, el Proyecto «desincentiva las inversiones y en lugar de enfrentar la crisis coherentemente, la acentuará».
Temiendo que es un proyecto eminentemente político, Pérez sostiene que el gobierno aprovechará la coyuntura para fortalecer su base partidaria, gastar a manos llenas un presupuesto de más de 3 mil millones de quetzales, sin entregar cuentas a nadie y sustentándose su financiamiento en el aumento de impuestos y endeudamiento externo.
Al cuestionar la coherencia del Programa el ex candidato presidencial citó como ejemplo a los «comedores comunitarios», que no están sirviendo a la gente más necesitada, no están atacando el problema de desnutrición, especialmente en los niños, y ni siquiera se realizó un censo para focalizar a las personas o familias que viven en situaciones lamentables.
El programa «Mi familia progresa» está dando dinero sin haber presentado los listados con números de cédulas, ni direcciones de los beneficiados; para no trabajar con transparencia se escudan en que esos datos fueron proporcionados bajo confidencialidad. Y en lo que concierne a las «bolsas solidarias», hay mucha tela que cortar. En conclusión, es un Programa de falsa transparencia que coordina la primera dama, Sandra de Colom que, sin ser cuentadante, está regalando dinero, alimentos y bolsas solidarias, sin rendir cuentas al pueblo, señaló.
En defensa al Programa, el diputado oficialista Roberto Kestler comentó que Cohesión Social ha priorizado atender los 45 municipios en donde se reportan los mayores índices de pobreza y extrema pobreza. Para 2009 se ha previsto cubrir 125 municipios y al finalizar el gobierno de la UNE los 333.
El Consejo de Cohesión Social tiene la ventaja de ser un ente rector y coordinador de soluciones sociales integrales, «desgraciadamente en nuestro país, cuando se trabaja y se realiza obra social de trascendencia, los opositores aprovechan cualquier oportunidad para atacar. Para muchos el dolor institucional es que lo dirige la Primera Dama de la Nación», afirmó.
Contrario al planteamiento oficial, Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, considera que el programa busca enfrentar la crisis económica, la pobreza, extrema pobreza, desempleo, salud, educación y principalmente una hambruna en los municipios más desposeídos, pero al mismo tiempo genera dudas en cuanto a la transparencia en la ejecución del presupuesto.
Dentro de los puntos positivos señaló que se focaliza la pobreza y pobreza extrema, dota de herramientas a la población, combate el desempleo; sin embargo, en la mayoría de países de América Latina que han hecho estos experimentos, la gran dificultad es que los programas han servido para impulsar el clientelismo del partido de gobierno y la corrupción, por lo que se hace necesario crear mecanismos de fiscalización que aseguren que el presupuesto va a ser bien invertido.
En relación al Programa «Mi Familia Progresa» se ha notado la falta de evaluación y seguimiento del desempeño educativo, peso y talla de los niños. En las bolsas solidarias hay dudas de quiénes están beneficiándose con los subsidios y no se ha respetado la Ley de Compras y Contrataciones, resaltó.
El pueblo votó por una agenda social
Según la opinión del diputado Héctor Nuila, de URNG, la población al emitir su voto en las urnas, se pronunció por una agenda social y descartó la «Mano dura». Tomando en cuenta que los grupos de poder económico en Guatemala tienen una deuda histórica con la población, en términos sociales, Cohesión Social puede ser un instrumento para ir pagando esa deuda histórica, dijo.
Según él, Cohesión Social podría ser la solución a muchos problemas sociales, sin embargo, para que tenga un buen impacto lo tendrán que llevar a cabo en forma transparente, que no haya clientelismo y que se construyan los mecanismos para una fiscalización total. El Programa podría generar un impacto significativo y cambiar la realidad guatemalteca en la medida que tenga el soporte de desarrollo rural integral, de una reforma tributaria, una reforma integral al sistema de salud y educación, acotó Nuila.