Mientras que la iniciativa privada critica el proyecto de presupuesto para el próximo año por el incremento tributario que supone, las organizaciones sociales señalan que el Ejecutivo no debe ceder ante las solicitudes del sector empresarial para detener el plan de modernización fiscal.

Los primeros consensos alcanzados en el proceso de diálogo social para aprobar el plan de modernización fiscal se acabaron.

De esta forma, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrí­colas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) mantiene una férrea oposición a la creación del Impuesto de Solidaridad (ISO), propuesto por el Ejecutivo para sustituir al Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz.

La polémica inició la semana pasada, cuando el grupo empresarial emitió un comunicado de prensa en el que sugiere mantener el presupuesto vigente -de Q43 mil millones- hasta el próximo año, y así­ evitar el incremento tributario que se necesita para financiar el proyecto presupuestario del Ejecutivo, que apunta a los Q49 mil millones

De acuerdo con el CACIF, elevar los impuestos supondrí­a un duro golpe para las finanzas de las empresas, que tendrí­a por consecuencia una reducción en la inversión privada y una disminución en la oferta de empleo.

En coincidencia, Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, señala que la creación del ISO pondrí­a en riesgo a una gran cantidad de empresas, incluyendo pequeñas y medianas que ya se encuentran limitadas en producción e inversión

«En estos momentos serí­a sumamente difí­cil un incremento de los impuestos; en medio de una crisis financiera esto supondrí­a más complicaciones para las familias guatemaltecas.

«Sin doblegarse»

Por otro lado, organizaciones sociales señalan que el Ejecutivo no debe ceder ante «la presión» que ejercen los grupos empresariales para dar marcha atrás con el plan de modernización fiscal.

En ese sentido, Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos, considera que las autoridades deben atender las necesidades del Estado, «antes que los intereses de los grupos empresariales».

A criterio de Alejandro Aguirre, de la Coordinación de ONGs y Cooperativas (Congcoop), en medio de una crisis financiera, económica y crediticia, el Gobierno debe aumentar la recaudación y elevar el gasto social.

«Definitivamente el presupuesto debe incrementarse, pero el Gobierno debe estar consciente de la necesidad de respaldar los proyectos de salud, educación, seguridad alimentaria, y productividad agrí­cola, de otra forma no habrí­a excusas», puntualiza Aguirre.

Según Santos, el Ejecutivo debe proponer un diálogo amplio para que las organizaciones sociales también participen en la discusión de los programas tributarios y presupuestarios, especialmente en el que pretenden reformar el Impuesto Sobre la Renta, para que se les permita expresar su opinión sobre el tema.

«Para los empresarios nunca va a ser oportuno hacer modificaciones a los impuestos; en momentos de crisis o auge económico, siempre van a encontrar excusas».