El gobierno del presidente Evo Morales discutirá con países vecinos como Brasil, Argentina, Chile y Perú, una estrategia regional de lucha antidrogas, tras decidir la semana pasada la salida de Bolivia de la DEA (Agencia Antidrogas de EEUU), acusándola de complotar contra el régimen de La Paz.
El encargado de exponer la nueva política antidrogas boliviana será el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, principal responsable de estas tareas, confirmó la oficina de prensa de este portafolio, que acotó que esa tarea se iniciará el miércoles en Brasil.
En la capital Brasilia, el ministro boliviano se reunirá con su colega de Justicia de Brasil, Tarso Genro, con quien además firmará un «convenio antidrogas».
Bolivia comparte con Brasil una frontera de más de 3.400 km, la más extensa del país andino, y tanto la droga que llega procedente de Perú como la que se produce en territorio boliviano tiene como destino, principalmente, las tierras brasileñas.
La Paz y Brasilia, por intermedio de los ministerios de Defensa, ya firmaron hace dos semanas un acuerdo para realizar ejercicios policiales y militares conjuntos en enero y febrero del próximo año, con el fin de combatir el delito en zonas fronterizas, como el comercio de droga.
El ministro Rada dijo al matutino La Prensa que «estamos dispuestos a poner en consideración de la comunidad internacional esto que voy a denominar el modelo boliviano de lucha antidrogas».
Según Rada, esa nueva política para Bolivia -tercer productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú- significa «erradicación (de cultivos de coca) sin violencia, sin matanza de campesinos ni fumigaciones (de plantíos) que destruyan los ríos y las selvas».
El régimen de La Paz plantea su nueva estrategia para luchar contra las drogas, tras la decisión del presidente Morales, ideológicamente adverso a Washington, de ordenar hace dos semanas toda operación de la DEA y demandar su salida, acusándola de complotar contra su gobierno.
Bolivia apunta a que esa nueva política antinarcóticos, sin EEUU, sea regionalizada, en el marco de la coordinación entre los países miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), quienes podrían crear un fondo para aportar con recursos económicos para estos fines.
«La regionalización tiene que dar resultados también en delitos conexos al narcotráfico: tráfico de armas, de seres humanos, etcétera», afirmó ayer a medios locales el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, un ex capitán de ejército y el más estrecho colaborador del presidente Morales.
Tras la visita del ministro de Gobierno Rada a Brasil, éste tiene previsto trasladarse a otros países vecinos, como Perú, Chile y Argentina, países de origen o destino de la droga que transita y se produce en Bolivia, reportó el matutino La Prensa, aunque todavía no existe un cronograma definido.
Para el ministro de Gobierno, Bolivia no bajará la guardia en la lucha antidrogas, aún sin el apoyo de la DEA, que aportaba en este país con recursos económicos, labores de inteligencia y apoyo en equipos policiales y militares que anualmente bordeaba los 32 millones de dólares.
Según el poder Ejecutivo, el 2008 la policía boliviana se incautó de 25,5 toneladas de cocaína, entre pasta base y clorhidrato, un 43% más que el registrado el 2007, y 1.137 toneladas de marihuana, casi tres veces más a lo decomisado una gestión anterior.
Bolivia tenía hasta el 2007 unas 28 mil hectáreas de coca (de las que sólo 12 mil son legales), según las Naciones Unidas, y tiene una capacidad para producir unas 115 toneladas de cocaína, de acuerdo al gobierno de EEUU, un 12% de la producción mundial.