Ayer me enteraba del asesinato del abogado Juan Carlos Cerezo Bregni, hijo de Checho Cerezo y Anabella Bregni, y sentí esa impotencia y malestar que genera la situación en Guatemala, donde evidentemente seguimos dando tumbos en materia de seguridad y nadie puede sentirse tranquilo ni confiado porque la muerte es una auténtica lotería. Esta mañana, Isabel Morán, viejo repartidor del diario que durante años ha cumplido diligentemente con su responsabilidad, llegó con los ojos llenos de lágrimas a mi oficina y me contó la forma en que pandilleros asesinaron a su hija en la colonia Limón, zona 18, frente a dos de sus pequeños hijos que ahora quedan en desamparo y al cuidado de este ya veterano trabajador.
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La verdad es que la criminalidad no repara en condición económica ni de cualquier otro tipo, porque todo el mundo está terriblemente expuesto y la violencia, que justamente se convirtió en punto central de la campaña anterior, se convierte ahora en un desafío implacable para el gobierno del presidente Colom que está dirigiendo un país que no tiene la capacidad de ofrecer a sus habitantes el mínimo de seguridad y confianza.
Como padre, siento terriblemente el dolor que vi en la cara de don Isabel cuando me relató la forma en que fue asesinada su hija y el que me imagino en mi viejo amigo Celso Cerezo y en Anabella la mamá de Juan Carlos. La angustia que uno mantiene por la seguridad de los hijos y nietos es enorme porque tenemos que reconocer que aquellos demonios sueltos que alguna vez fueron advertidos por un perspicaz funcionario de Naciones Unidas, ahora se han multiplicado ante la escasa capacidad de respuesta del Estado para actuar frente a las diversas bandas de criminales que hay en el país.
No es únicamente el gravísimo problema del incremento del tráfico de narcóticos en nuestro territorio, sino de la proliferación de todo tipo de bandas delincuenciales que se aprovechan de la situación de anarquía existente en Guatemala y de la ausencia de autoridad en términos generales. No es únicamente la falta de labor preventiva de la Policía Nacional Civil y del reducido número de capturas, sino la absoluta incapacidad de las autoridades del Ministerio Público para investigar y aplicar la ley a los delincuentes. Cuando se ha dicho que nuestro país es un paraíso de impunidad, no hay que referirlo únicamente a los casos paradigmáticos que más indignan a la población como puede ser el de nuestros ex presidentes que se pudieron enriquecer ilícitamente sin que exista poder capaz de sancionar los abusos. Se trata de una impunidad que se ha extendido tanto y que está tan enraizada que alienta a cualquier grupo de desalmados para robar, secuestrar y asesinar tranquilamente porque saben que las probabilidades de que puedan ser capturados y, peor aún, condenados por sus crímenes son ínfimas.
Uno ve todos los días la lista de muertos que atiborran las morgues y es tal su magnitud que terminamos por acostumbrarnos y también por insensibilizarnos. Pero cuando uno le pone nombre y apellido a esas víctimas y puede visualizar el dolor de los deudos, la cosa cambia. Todos los días hay cientos de personas que, como me pasa hoy a mí, lamentan hechos concretos y directos que afectan a amigos, parientes o conocidos. Urge que como sociedad reaccionemos para conformar un frente contra la impunidad y contra la violencia.