La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la madrugada de hoy un proyecto que elimina los fondos de pensión privados y transfiere a un sistema único jubilatorio del Estado unos 26 mil millones de dólares, reforma que el Gobierno confía sancionar en dos semanas en el Senado.
El oficialista peronismo socialdemócrata logró 160 votos a favor, en tanto que la oposición liberal y derechista, con apoyo de la bancada radical socialdemócrata, sumó 75 sufragios, con dos abstenciones, tras una maratónica sesión de más de 14 horas.
«Hubo un sistema (privado) que se desmoronó estrepitosamente. Esto era una política de saqueo», había justificado la iniciativa la presidenta Cristina Kirchner, cuyos opositores aseguran que la reforma es una confiscación destinada a manejar fondos con destino al pago de la deuda pública.
Argentina debe afrontar en 2009 vencimientos y amortizaciones de la deuda soberana por unos 20 mil millones de dólares.
El gobierno celebró el triunfo en Diputados y confía en lograr la sanción del proyecto de ley en el Senado, que prevé tratarla el 20 de noviembre.
«Hemos tenido un número de votos acorde al espíritu del proyecto», dijo hoy el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
El proyecto dividió al país, con mayoría de opiniones en favor de la jubilación estatal, según las encuestas, pero causó estragos en los mercados, además de impactar negativamente en octubre en las acciones de empresas españolas de la Bolsa de Madrid con intereses en Argentina.
Frente a las tensiones empresariales por la crucial votación en la cámara baja, donde el kirchnerismo tiene mayoría al igual que en la cámara alta, la petrolera hispanoargentina Repsol-YPF había enfatizado ayer en un comunicado su «compromiso inversor» en el país.
La reforma profundiza un camino de fortalecimiento del Estado como regulador y administrador, luego de la política aplicada por el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), quien recuperó el Correo, la compañía de Aguas, ramales ferroviarios y el control radioeléctrico.
«Resulta evidente que cuando al mercado nadie lo regula, nadie lo controla y se le deja hacer lo que quiere, se termina en el descalabro financiero en que está sumida la economía mundial», dijo la presidenta al defender la iniciativa.
La reforma kirchnerista apunta en dirección opuesta al modelo neoliberal de privatizaciones que colapsó con una crisis brutal en 2001 y que había instalado en Argentina otro gobierno peronista, pero de corte neoliberal, como el del ex presidente Carlos Menem (1989-1999).
«Esto es una confiscación, un ataque a la propiedad privada», dijo Federico Pinedo, líder parlamentario del derechista partido Propuesta Republicana (PRO).
Otra líder opositora, la liberal cristiana Elisa Carrió (CC, Coalición Cívica), cumplió anoche y la madrugada de hoy una vigilia en el Obelisco, monumento emblemático en el centro porteño, para denunciar lo que calificó de «un robo a la Nación».
A diferencia de PRO, la Unión Cívica Radical (UCR, socialdemócrata), segunda fuerza parlamentaria, y la CC se manifestaron a favor de un sistema estatal jubilatorio, pero se opusieron con el argumento de que el Gobierno sólo quiere llevar más dinero a sus arcas.
En cambio, opositores socialistas y de centroizquierda, eternos críticos del sistema de capitalización privada, acompañaron el proyecto oficial.
La iniciativa contempla transferir a la órbita estatal unos 26 mil millones de dólares de los fondos de pensión.
Pero la gran mayoría de esos fondos están en devaluados bonos soberanos, acciones de empresas impactadas por la crisis y depósitos a largo plazo.
El plan sufrió un súbito tropiezo al ser convocado el Gobierno por el juez Thomas Griesa, de Nueva York, a explicar en una audiencia quién es el propietario de los depósitos e inversiones.
La citación fue cursada a pedido de los llamados «fondos buitres» (fondos especulativos) que litigan contra Argentina por poseer títulos de una deuda soberana en mora y pidieron embargar los depósitos jubilatorios.
Los fondos de pensión cuentan en Argentina con 9,5 millones de trabajadores anotados, pero sólo 3,6 millones son contribuyentes efectivos, además de necesitar que el Estado los auxilie mensualmente para poder pagar las jubilaciones, debido a que las cuentas de los beneficiarios no tienen suficiente respaldo.
El Estado se ha visto forzado a aportar unos 1.200 millones de dólares mensuales para cubrir el déficit de los privados en los haberes jubilatorios.