Senegal lanzó a fines de 2005 un plan de retorno a la agricultura para intentar frenar la migración ilegal a España y al resto de Europa, pero un año después, los campesinos y los clandestinos repatriados muestran poco entusiasmo por la iniciativa.
El presidente senegalés, Abdulaye Wade, presentó este plan como un medio para retener a los senegaleses que quieren salir de su país por medio de la emigración ilegal, sobre todo con destino a las Islas Canarias (España), donde más de 28 mil clandestinos, una cifra récord, llegaron desde principios de año.
Precisamente para evitar esta salida masiva, el Estado senegalés recomendó a los colectivos locales, que administran las tierras, que faciliten la atribución de parcelas a agrupaciones con una cuota mínima de clandestinos repatriados.
Esta iniciativa también está destinada a los estudiantes de agronomía de último año, a las poblaciones locales y a todos los que quieran dedicarse a la agricultura. Por el momento el número de candidatos al plan no fue oficialmente comunicado.
«Habrá en cada explotación una cuota para los clandestinos, que deben representar entre 35% y 40% del total de beneficiarios», explicó a la AFP el coordinador del proyecto, Macumba Diuf, del ministerio senegalés de Agricultura.
El presupuesto del programa, estimado en 60 millones de dólares, debe ser financiado por el Estado, pero también por arrendadores extranjeros, como España e India.
Durante el período de prueba -que comenzó en julio de 2006 y finalizará en diciembre de 2008- unas 550 agrupaciones recibirán una ayuda del Estado para emprender la mecanización, la irrigación y la plantación de semillas, según el coordinador del plan.
Pero la medida no ha despertado un gran interés entre los profesionales locales.
«Tienen que elaborar su proyecto. Lo que hicieron es una ’chapuza’. Un proyecto de este tipo necesita dos años de elaboración», critica Jacques Faye, ex director del Instituto Senegalés de Investigación Agronómica (ISRA).
Faye asegura que no logró comprender la fórmula adoptada para facilitar el acceso a la tierra, y se pregunta «si el Estado va a desposeer a los campesinos» de ésta.
«El Estado no tiene tierra que dar. Las agrupaciones que no tienen la buscarán», comprándola o arrendándola, asegura Diuf.
El presidente del Comité Nacional de Concertación Rural (CNCR), Baba Ngom, por su parte, reprocha que el Estado no haya consultado a los jóvenes antes de lanzar su proyecto.
Tendrían que haber «preguntado a los jóvenes lo que quieren, porque aquéllos que vienen de Dakar no conocen la agricultura», explica.
«La mayoría de los clandestinos abandonaron el mundo rural, donde las condiciones no les motivan. Es ilusorio pensar que los jóvenes de la ciudad volverán al campo», arguye Faye.
Los clandestinos parecen confirmar esta falta de entusiasmo por el plan del gobierno.
«No podemos pedir a alguien que jamás trabajó en la tierra que lo haga», aseguró a la AFP Massamba Diop, de 28 años, repatriado de Tenerife (Canarias) e impulsor de una asociación nacional de repatriados de España en vías de creación.
Frente a esta aparente apatía las autoridades decidieron hace apenas 15 días extender el plan a otras profesiones como la carpintería, la mecánica o la electricidad.