Mauritania retorna a la democracia


Mint Abdel Malick, candidata en Mauritania.

Mauritania retomará el domingo el camino de la democracia al celebrar elecciones legislativas y municipales, primera etapa de un proceso de retorno de los civiles al gobierno del paí­s en 2007, como prometió la junta militar que usurpó el poder en agosto de 2005.


Algo más de un millón de personas están convocadas para elegir 219 consejos municipales y los 95 diputados de la Asamblea Nacional en 2.336 oficinas de votación.

Después de un referéndum constitucional en junio, estos comicios constituyen la primera cita de una serie de votaciones destinadas a restablecer el régimen democrático, al cabo de una transición de 19 meses iniciada por la junta militar, que el 3 de agosto de 2005 destituyó al ex presidente Maaouiya Ould Taya.

Por primera vez desde la independencia del paí­s en 1960 se instaló una Comisión Nacional Electoral Independiente (CENI) y se renovó completamente el personal electoral.

La Unión Europea enviará un centenar de observadores.

De las cinco formaciones postulantes, cinco aparecen como favoritas, aún cuando se estima que ninguna se hará con la mayorí­a.

Los programas de todos los partidos son semejantes y se centran en un mejor reparto de la riqueza, la reforma de la administración y la justicia y la consolidación de la democracia.

Los principales favoritos son los ex partidos de oposición, como la Unión de las Fuerzas Democráticas (RFD), la Alianza Popular Progresista (APP) y la Unión de las Fuerzas del Progreso (UFP). Le sigue la ex formación en el poder, el Partido Republicano por la Democracia y la Renovación (PRDR).

Por último, aparecen los islamistas moderados, excluidos hasta ahora de la polí­tica, que participan en la contienda electoral con el aval de la junta y están considerados por los observadores como una fuerza emergente que podrí­a provocar sorpresas, en el seno de una agrupación de «reformistas centristas».

Llama la atención otra novedad, poco común en el mundo árabe musulmán: la instalación por parte de las autoridades de un complejo dispositivo que permite una representación femenina de más o menos 20% en los consejos municipales y en el futuro Parlamento.