El juzgado Décimo de Primera Instancia recibió como anticipo de prueba la declaración del padre de un joven estudiante de agronomía que fue víctima de desaparición forzada durante la administración de German Chupina al frente de la Policía Nacional.
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Patricia Gámez, presidenta de la citada judicatura, ordenó la captura de Rigoberto Pineda Sánchez, ex director del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional, sin embargo, la misma no ha sido ejecutada.
A los 84 años y con un deplorable estado de salud, José Rafael Sáenz Díaz, narró los hechos ocurridos durante la desaparición forzada de su hijo í‰dgar Enrique Sáenz Calito, estudiante de agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como prueba anticipada.
Testimonio
En 2002, el padre de la víctima presentó una primera declaración sobre esos hechos, los cuales ocurrieron frente a él y a su esposa; hoy la declaración presentada ante la jueza Gámez sigue congruente.
Sáenz Díaz presenció, en mayo de 1981, cómo de un vehículo con vidrios polarizados descendieron dos individuos fuertemente armados quienes por la fuerza obligaron al joven estudiante de 30 años a subir al automotor. Desde esa fecha, el testigo no volvió a saber nada de su hijo.
Además, relató que su hijo fue detenido en febrero de 1981 por la Policía Nacional, sindicado de atentado contra la seguridad de la nación, ya que presuntamente portaba «boletines con contenido subversivo».
El padre del estudiante dijo que mientras su hijo estuvo detenido no permaneció en la cárcel sino en un hospital, ya que tenía varias fracturas y quemaduras «como que le habían apagado cigarros en el cuerpo», declaró ante la juez.
Tres meses más tarde, el joven fue dejado en libertad, pero minutos después de abandonar la «prisión» fue interceptado por un vehículo al que fue obligado subir. Hasta la fecha se desconoce su paradero.
El anterior es uno de los pocos procesos que el Organismo Judicial tramita sobre ese tipo de hechos, coordinados desde las estructuras del Estado, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
La CEH registró un total de 61 mil 648 violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno, de las cuales 6 mil 159 corresponden a casos de desapariciones forzadas, las cuales aumentaron entre 1979 y 1983.