Miguel íngel Reyes Illescas
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Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica (CEESC)
«La inseguridad es manifiesta en todos los órdenes de la vida nacional» escribe una de mis alumnas en su tarea semanal y la aseveración no necesita pruebas ni fundamentos. Tengo más preguntas y vacíos que propuestas en este campo, pero es indudable que urgen las soluciones.
En la teoría y en las leyes se ha progresado, también en el cambio de instituciones, entidades y personal. Sin embargo, las entidades públicas están desbordadas y seguramente a ello obedece el Plan Mérida. Los servicios de inteligencia de los EE.UU., en coherencia con la política de Seguridad Nacional del presidente Bush, habrían dicho: «En esta región mesoamericana pareciera que se avanza hacia crisis de estabilidad, la cual es necesario evitar en nuestra lucha contra el terrorismo». El Plan Colombia ha progresado en esa dirección y con esos conceptos, intereses y premisas. Así también inicia el Plan Mérida en México.
La Seguridad Humana
La polémica que comenzara en el mundo después de la caída del muro de Berlín, encaminada a reconstituir los sistemas de seguridad porque ya no existía el «enemigo» del comunismo y sus eventuales representantes «internos» en los países, permitió que en Naciones Unidas se generara una idea más comprehensiva y no belicista como la contenida en la noción de Seguridad Nacional, nació así el concepto de Seguridad Humana.
En Centroamérica, con las expectativas que crearon las soluciones políticas a los conflictos armados y la posibilidad de instaurar regímenes de democracia liberal representativa, se firmó el Tratado Marco de Seguridad Democrática en 1995.
El Tratado contribuyó en los Acuerdos de Paz para la propuesta de cambiar el sistema y sus aparatos basados en aquella doctrina de seguridad nacional. En la academia y en foros sociales se iniciaron trabajos, prolíferos estudios en la materia que culminaron con el desarrollo del concepto de Seguridad Democrática. Desde entonces, la polémica teórica e ideológica, en el Legislativo, en las políticas y entidades de seguridad ha sido, entre la sustitución de los viejos actores (fundamentalmente militares) sus ideas y sus prácticas basadas en la temida seguridad nacional, a las nuevas ideas de la seguridad democrática.
Algo ha progresado de ésta en la legislación y en proyectos de corto alcance, pero la incorporación de las ideas y acciones más comprehensivas de la Seguridad Humana y sus derivados institucionales, han quedado en enunciados.
Sigue priorizándose la fuerza para enfrentar los problemas de seguridad sobre la preeminencia que deberían tener la prevención del delito y las políticas de desarrollo social, como condiciones estructurales para superar las vulnerabilidades sociales y facilitar el control de riesgos y amenazas de posibles y potenciales delincuentes.
La guerra a la delincuencia ha probado su ineficacia en Colombia, El Salvador, Honduras y la inicia en México. Mientras en Costa Rica, Nicaragua y Belice, con otros métodos, los problemas de inseguridad son en extremo menores. Chile, tres ciudades de Colombia y Ecuador son también ejemplo de otros métodos.
La Seguridad Ciudadana y la Seguridad Pública
Resultado de esa polémica, donde mayor confusión, superposición e incoherencia se ha producido es en los conceptos, ámbitos, entidades y métodos que corresponden a la seguridad ciudadana y a la seguridad pública, ésta última todavía con fuertes resabios contrainsurgentes como la criminalización del conflicto y de los derechos sociales de petición, manifestación pública y legítima resistencia de los pueblos (Art. 44 de la Constitución).
Pero una de las mayores incoherencias se encuentra en las decisiones teóricas y prácticas de circunscribir la seguridad ciudadana, a la protección contra robos y atentados violentos, con métodos punitivos y coercitivos. En la seguridad pública, por su lado, el problema es mayor porque las nuevas corrientes aún no tienen una propuesta elaborada con propiedad, rigor y viabilidad política y administrativa. El resultado es que en nombre de la seguridad pública se recurre a la noción del «orden público» y con él a la criminalización mencionada y a la protección de los intereses establecidos.
En la confusión y en la protección a ese orden, se sigue dando prioridad a la vieja idea de la «estabilidad nacional» con la innovación de llamarla «gobernabilidad» e incluso, en casos «gobernabilidad democrática». La gobernabilidad pasa entonces a convertirse en el bien público a proteger, prevaleciendo sobre la protección a todo derecho ciudadano y social; pierde así la seguridad ciudadana sus contenidos más novedosos, basados en el concepto de Seguridad Humana. La seguridad humana busca con prioridad proteger los derechos y el desarrollo de los más vulnerables. Su amenaza básica es la pobreza y no los delincuentes.
La Seguridad Interior
El problema se complica cuando entra en juego la noción de seguridad interior y su equiparación con la seguridad pública o peor, con la Seguridad Ciudadana. Son diferentes conceptos y diferentes deben de ser sus ámbitos y sus operadores. La seguridad ciudadana sustantivamente corresponde al Ministerio de Gobernación y la seguridad pública al conjunto de la institucionalidad civil. La seguridad interior competería en casos excepcionales a la institución armada del Estado.
Con estas aclaraciones, los militares sólo deberían intervenir en la seguridad interna del país, cuando esté en riesgo la integridad del territorio y la soberanía nacional por graves amenazas internas o externas de otros Estados o agentes particulares. Los militares no tienen por qué andar poniendo inyecciones, ni contribuyendo a la detención y desalojo de indígenas pobres.
La interpretación del artículo 244 de la Constitución que asigna la seguridad interior al Ejército, a la luz de la nueva legislación en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y en la Ley de Libre Acceso a la Información, así como en la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad del 8/3/05 respecto de la «Seguridad Nacional», no lo faculta para interferir en las seguridades pública y ciudadana.
Para una Agenda Estratégica de Seguridad (Humana y Democrática)
Son fuertes los resabios de la antigua doctrina y fuertes sus defensores ideológicos en los grupos de poder, en el Ministerio de la Defensa, en el legislativo y en las entidades públicas; no han asumido que en las disposiciones legales el propio término de «Seguridad Nacional» ha cambiado por «Seguridad de la Nación» y que sus contenidos, como se anotó, comienzan a variar influidos por las nociones de Seguridad Humana y Democrática.
Muchos de los resultados prácticos en el terreno de la seguridad de la gente de la calle, de la protección a los bienes públicos fundamentales de la Nación y del Estado, podrían depender de ese cambio en la cultura política de las «élites». La institucionalización de un sistema de seguridad diferente y más efectivo no se logrará aferrados a viejos esquemas. La idea de aumentar los efectivos militares para el año 2009 no es acertada y no contribuirá a mejorar la situación.
El Plan Mérida contribuirá poco a este cambio y lo tensará más, porque no está basado en una agenda estratégica de seguridad, verdaderamente nacional, humana y democrática, responde a enfoques, prioridades, teorías, intereses y métodos incorporados desde afuera.
Por de pronto, habría que esperar que en el Congreso no triunfen los intereses comerciales y belicistas y que los diputados se aferren a los viejos esquemas y, por el contrario, se impulse en La Ley de Armas y Municiones una drástica reducción de las municiones adquiribles por particulares y que la Dirección General de Control de Armas y Municiones, quede bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobernación y no de la Defensa.