En el Congreso de la República y en los partidos polí­ticos, se sigue recibiendo con satisfacción pero con reserva el estudio y propuesta para tipificar los delitos electorales, que actualmente no contempla el Código Penal de Guatemala, Decreto 17-73, anunciados por el diputado Valentí­n Gramajo.

Carlos Yat Sierra, representante de Alta Verapaz, indicó que esa iniciativa era la que estaban esperando los polí­ticos, acción que llevó tiempo discutir. Para ello se contó con la asesorí­a de una experta colombiana de Naciones Unidas que contribuyó con criterios de derecho comparado como base jurí­dica, confió.

Debido a que surgió la sospecha que de nada pudieran servir y legislar sobre dichos delitos, debido a que posteriormente el candidato a alcalde, a diputado, presidente o vicepresidente de la República, al salir triunfador adquiere inmunidad, ya no se le puede perseguir, el parlamentario Yar Sierra enfatizó que el nuevo ordenamiento garantiza que sí­ va a recaer sobre la persona responsable de delitos.

La Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos, ya garantiza que cada institución polí­tica debe fiscalizar la fuente de financiamiento de sus afiliados candidatos e ingresar los fondos a las arcas del partido, para garantizar que el dinero es lí­cito, explicó Yat Sierra.

Posición oficial

Juan Alfaro, secretario adjunto de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aseguró que como partido oficial están de acuerdo en las propuestas para tipificar los delitos electorales, porque algunas de las acciones contempladas como las campañas negras, han hecho mucho daño en procesos electorales pasados.

Están de acuerdo en que se contemple el financiamiento dudoso, porque hace falta sanear esa parte de la actividad polí­tica que envuelve al conjunto de los partidos polí­ticos cada cuatro años, ilustró Alfaro.

Pero hay que esperar

La UNE tiene su operador polí­tico en la comisión Especí­fica de Asuntos Electorales quien tendrá que rendir un informe al Comité Ejecutivo de la UNE, sobre el tema tratado de las reformas al Código Penal, explicó el secretario adjunto.

También recordó que en el Congreso existen no menos de cinco iniciativas de ley para reformar la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos, que van de la mano con las reformas mencionadas, sin embargo el presidente de la República considera que de todos los contenidos debe salir un solo proyecto de consenso de los partidos.

El paquete de reformas y las mismas reformas a la ley especial, de ser aprobadas, por ser de carácter constitucional deben ir antes a consulta de la Corte de Constitucionalidad.