Los municipios de Jacaltenango, San Antonio Huista, Santa Ana Huista, Nentón y Concepción Huista, del departamento de Huehuetenango, declararon su territorio «libre de minería».
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El Consejo de los Pueblos de Occidente y la convergencia nacional indígena Wakib»kej, dieron a conocer los resultados de las más recientes consultas comunitarias efectuadas entre julio y agosto de este año, como muestra de su participación y su decisión sobre el uso de los recursos naturales de sus pueblos.
Más de 62 mil pobladores reafirmaran su renuencia total a la exploración y explotación minera en sus comunidades.
Según Francisco Mateo Morales, miembro del Consejo, en Huehuetenango, cerca de 400 mil pobladores de 20 municipios han rechazado la implementación «de ese modelo de desarrollo que sólo beneficia a pocas familias y que constituye una amenaza para la vida, la cultura y la economía de nuestras comunidades».
Mateo indicó que actualmente el Ministerio de Energía y Minas ha autorizado seis licencias de reconocimiento en los municipios de Jacaltenango, Santa Ana Huista y San Antonio Huista, sin embargo, las comunidades exigen que no se otorguen licencias de exploración y explotación.
«Estamos en un proceso democrático, construyendo la verdadera democracia participativa con estas consultas», afirmó el entrevistado.
Rechazo a reforma
Actualmente se promueve una propuesta de reforma a la Ley de Minería, en el Congreso de la República, entre cuyas modificaciones se incluye aumentar las regalías que se obtienen de la explotación y exploración de minas.
«La propuesta de reforma a la Ley de Minería no nace desde nuestros pueblos sino de los intereses empresariales. Además, tenemos conocimiento que esta iniciativa no reconoce el ejercicio de las consultas comunitarias, lo cual contradice el rechazo rotundo de los pueblos», aseveró Mateo.
A la fecha, en todo el país se han efectuado unas 30 consultas comunitarias, donde mayoritariamente la población se resistió a la instalación de proyectos como la minería a cielo abierto.
Mateo también expresó su oposición a la reforma de la Ley electoral y de Partidos Políticos que también se refiere a las consultas comunitarias, «consideramos que atenta contra la autonomía municipal y a la autodeterminación de los pueblos», enfatizó.
Los pobladores de la región Huista también exigen a las autoridades del Gobierno, que cumpla con las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como instrumentos legales internacionales de rango constitucional, que regulan derechos colectivos fundamentales de los pueblos indígenas.
Los artículos 63, 64, 65 y 66 del Código Municipal, así como el artículo 22 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, son también la base que ampara y legitima estas prácticas comunitarias.