Costa Rica tiene alguna diferencia con Guatemala y no sólo en la gestión pública sino también en el concepto de la responsabilidad empresarial. Ayer se supo que los empresarios organizados de ese país y el gobierno alcanzaron un acuerdo para aumentar en 7% los salarios, cumpliendo así con el compromiso de revisar los sueldos cada seis meses a fin de irlos ajustando a la inflación. Los trabajadores organizados habían pedido 16% de incremento, pero el acuerdo lo fijó en siete por razón de la crisis económica y las limitaciones que ese factor impone a las empresas.
Es importante señalar este tipo de acuerdos porque mucha gente piensa que Costa Rica es un país en el que el gobierno impone medidas de corte socialista, pero se ve que existe un mecanismo de diálogo en el que las partes buscan verdaderos acuerdos que permitan la mejor situación de los sectores sociales. No hay obstinación de parte del empresariado para resistirse a discutir seriamente el tema de los salarios y el acuerdo no se refiere simplemente a mejorar el salario mínimo, sino es un acuerdo que beneficia a todos los trabajadores porque la intención es compensar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda por efecto de factores inflacionarios.
En Guatemala no nos pasa por la cabeza una negociación de ese calibre con los empresarios. Si ni siquiera en el tema del salario mínimo, que es apenas un piso para la cuestión salarial (aunque en algunos casos también lo usan como techo), cuánto más difícil sería un procedimiento de discusión que pudiera llevar a la decisión de un aumento general del salario para todos los trabajadores del país, aún aquellos que devengan salarios mayores al mínimo.
Cuando hablamos de la diferencias entre Costa Rica y Guatemala no podemos limitarnos a las cuestiones que se reflejan en los indicadores económicos y del desarrollo humano. Ni siquiera en los aspectos políticos de la consolidación democrática, sino que hay que ver también el tema del civismo, de la responsabilidad de los distintos sectores para cumplir con su función y por supuesto que vale la pena destacar la actitud del sector empresarial organizado que no muestra posturas empecinadas para objetar por principio cualquier discusión sobre temas de salario.
Entienden que en la medida en que se fortalezca la capacidad de compra del trabajador, también sus empresas se benefician con la expansión del mercado interno, situación que evidentemente en otros países no se llega a entender porque la oposición a mejorar siquiera el salario mínimo es tenaz y dogmática.