La Fiscalía costarricense abrió una investigación al presidente Oscar Arias y a su ministro del Ambiente, Roberto Dobles, por conceder permisos para explotar una mina de oro, cuyo alto costo ecológico va contra la política ambientalista que dice promover el gobierno.
La Fiscalía General investigará a Arias y a Dobles por si existe «prevaricato» en su decreto del 17 de octubre en el que declaran de «interés público y conveniencia nacional» la explotación de dicha mina por la empresa Industrias Infinito S.A, pese a «la corta de árboles en terrenos cubiertos de bosque».
El prevaricato o prevaricación es un delito que comete una autoridad, funcionario público o magistrado al dictar a sabiendas una resolución que no se ajusta a la ley.
En total, está prevista la tala de 262 hectáreas de bosques, en los que abundan el almendro amarillo, una especie altamente protegida en todo el país, que da de comer a las lapas o guacamayas verdes en gravísimo peligro de extinción precisamente por la desaparición de su hábitat.
Por su parte, la fiscalía regional de San Carlos, en cuyo término municipal se encuentra el Proyecto Minero Crucitas, ha abierto una investigación por supuesta violación de la legislación ambiental y ha solicitado al juez una medida cautelar para impedir la construcción de instalaciones de la mina dentro del área protegida.
La fiscal de San Carlos, Alba Campos, declaró a la AFP que desde que se publicó el decreto presidencial, el pasado viernes, la empresa ha hecho en tres días «viernes, sábado y domingo, toda una devastación».
Los árboles de dos de las cuatro áreas en que quedó dividido el proyecto han sido prácticamente talados, aseguró Campos.
Las primeras gestiones para explotar la mina de Las Crucitas datan de 1994 con la empresa canadiense Pacer Dome, que se retiró cuatro años después, pero sucesivos fallos de la Sala Constitucional habían impedido hasta ahora que se iniciara la explotación.
La firma, que invertirá 65 millones de dólares en este proyecto, espera extraer 700.000 onzas de oro en 10 años, a lo largo de los cuales dará trabajo directo a unas 250 personas.
También se ha comprometido a sembrar 49,8 árboles por cada árbol que se tale y a crear y conservar un corredor biológico, dentro de sus prioridades.
Por su parte, el gobierno recibiría en concepto de impuestos 70,3 millones de dólares en este periodo, según el decreto.
El lunes, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acogió un recurso de amparo de un ciudadano y ordenó suspender de manera inmediata el permiso concedido por el gobierno a la empresa minera.
El biólogo Fredy Pacheco, catedrático de la Universidad Nacional (UNA), dijo a la AFP que el daño causado al ambiente con la tala en Las Crucitas es irreversible, porque no se trata sólo de árboles sino de una rica biodiversidad que ha sido arrasada.
«Cuando se habla de sembrar árboles para compensar el daño, se está ignorando a todas las especies de aves, insectos y mamíferos a los que se ha destruido su hábitat y están condenados a desaparecer. En este caso es imposible compensar los daños», dijo el experto.
Pacheco mencionó también el peligro de que la actividad minera contamine el río San Juan, que demarca al menos el 50% de los cerca de 300 km de frontera entre Costa Rica y Nicaragua.
La zona fronteriza «es una zona altamente lluviosa y con mucha sedimentación, y lo lógico es que la grandes cantidades de cianuro que se utilizan para la extracción del oro desagí¼en en el San Juan. Eso ya lo han advertido los nicaragí¼enses desde hace varios años», concluyó el especialista.