Los empleados estatales colombianos cumplen parcialmente hoy un paro de 24 horas contra la política económica y social del gobierno, que a la vez forcejea con miles de indígenas sobre las condiciones para negociar el fin de una protesta iniciada hace diez días.
El cese de actividades, que se sumó a una escalada de protestas, fue convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) -mayor sindicato colombiano con 550.000 afiliados-, e incluye marchas en las principales ciudades que transcurren en calma, según las autoridades.
En Bogotá, la Policía reportó normalidad mientras que en varias regiones la jornada escolar fue suspendida y otros servicios se prestaban parcialmente.
La principal marcha en la capital avanzaba hacia la Plaza de Bolívar (centro).
Según el presidente de la CUT, Tarsicio Mora, las manifestaciones congregan a empleados del magisterio, la salud, el servicio de impuestos y aduanas, la Registraduría (órgano electoral) y del Instituto de Bienestar Familiar, entre otros.
También a funcionarios de la estatal Ecopetrol, una asociación de camioneros, taxistas y estudiantes universitarios, que el miércoles chocaron con la Policía en Bogotá durante una manifestación de apoyo a la protesta indígena en el departamento de Cauca (sur), que deja tres aborígenes muertos y un centenar de heridos.
Mora señaló que los trabajadores rechazan la «criminalización de la protesta social» por parte del gobierno, que asegura que las movilizaciones son alentadas por la guerrilla y la oposición para desestabilizar al presidente Alvaro Uribe, y exigen el cumplimiento de normas salariales.
Igualmente deploran las «agresiones» a los aborígenes, el cierre de hospitales y un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y apoyan la huelga de más de un mes de los cortadores de caña, agregó.
«No compartimos el tratamiento de guerra que se le da a la protesta «, dijo Mora.
El ministro de Interior, Fabio Valencia, aseguró este jueves que el gobierno «dio plenas garantías para la jornada, con la advertencia de que no haya alteraciones del orden público».
Mientras, los indígenas que exigen restitución de tierras rechazaron este jueves las condiciones de Uribe para discutir sus reclamos, si bien insisten en dialogar con él.
Según Feliciano Valencia, dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el debate debe realizarse en Cali -tercera ciudad del país- y no en la localidad de Popayán como propuso el gobernante el miércoles.
«Fuimos claros con la gente, con el gobierno, que cualquier reunión la realizamos con todo el pueblo en un debate público en Cali», declaró Valencia durante la marcha que realizan los indígenas desde Cauca hacia esa ciudad, a la que invitaron al presidente boliviano Evo Morales.
Uribe aceptó conversar con los aborígenes, que aseguran estar movilizando a unas 18.000 personas, pero señaló que la discusión debe darse el domingo en Popayán, a unos 100 km de Cali, lo que el CRIC considera una maniobra para «desmontar» la protesta.
El mandatario rectificó declaraciones de la Policía, admitiendo que ese cuerpo disparó durante las manifestaciones, como reveló un video, pero negó que fuera la causa del deceso de los tres indígenas.
El director de la Policía, general Oscar Naranjo, reiteró el jueves que los nativos murieron por manipulación de explosivos, aunque reconoció que los agentes pudieron haber «usado armas en otros eventos de contención de la marcha. No puedo ser tan ingenuo como para descartar otras posibilidades», dijo.