Informe de la Fundación Myrna Mack revela que del «2001 a la fecha, ningún caso de violencia contra un operador de justicia ha sido resuelto judicialmente».

La activista en derechos humanos, Hellen Mack, representante de la Fundación Myrna Mack, presentó ayer el informe «Reactivación de la Violencia contra Operadores de Justicia en Guatemala» ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington D.C., Estados Unidos.

Según el informe, en el primer semestre del 2008 se «experimentó la reactivación de la violencia contra operadores de justicia», en tanto que el Ministerio Público recibió 65 denuncias por casos de amenazas, atentados y hostigamiento, entre otros; mientras que para el 14 de julio se reportaban 76 personas afectadas por este tipo de violencia.

El escrito da a conocer datos sobre el Organismo Judicial, en el que se informa que 63 miembros de esa entidad han sido ví­ctimas de violencia por medio de amenazas y uno ha sido ví­ctima de agresión fí­sica.

Los atentados provienen de distintas fuentes, advierte el informe, que señala a «personajes y grupos locales con poder y fuerzas criminales, cuyos brazos armados perpetran asesinatos, amenazas, actos de intimidación y hostigamiento en total impunidad».

«De 2001 a la fecha, ningún caso de violencia contra un operador de justicia ha sido resuelto judicialmente (…) al paso que vamos, 2008 podrí­a cerrar con unos 150 casos o más…», señala un extracto del informe.

Entre otras recomendaciones, la Fundación Myrna Mack determinó necesario efectuar esfuerzos integrales y coherentes adicionales a los realizados por las instituciones de justicia y seguridad para combatir la violencia contra los operadores de justicia y perseguir a los responsables de estos hechos.

Ví­ctimas de atentados

Por otro lado, el sector sindical y campesino también manifestó ser ví­ctima de amenazas y atentados provenientes de «grupos de poder», que de acuerdo con investigaciones independientes operan a través de grupos paramilitares.

Victoriano Zacarí­as, lí­der de grupos sindicalizados, señala que suman varios casos de activistas de derechos laborales que son amenazados por exigir el pago de prestaciones o indemnizaciones al ser despedidos.

«Además hay varias denuncias por atentados directos que se han cometido en contra de los sindicalistas (…) varios compañeros han muerto por exigir el simple hecho de exigir sus derechos laborales», indicó Zacarí­as.

Asimismo, Rafael González, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, ha señalado que los grupos campesinos son ví­ctimas de intimidaciones y atentados directos.

Los conflictos que han cobrado la vida de varios campesinos se originan en disputas territoriales, señalan los lí­deres campesinos quienes adjudican la responsabilidad a los grupos de poder «interesados en mantener el control de la tierra».