Mientras que algunos articulistas han argumentando serenamente sus objeciones a la decisión del juez Quinto de Instancia Penal, abogado Julio Jerónimo Xitumul, porque consideran que el ex gobernante no debió ser beneficiado con una caución económica; otros columnistas que evidentemente odian con toda su pasión al otrora gobernante, aseguran que Portillo no se entregó voluntariamente a las autoridades judiciales de México, sino que fue capturado y posteriormente expulsado a Guatemala, y no falta algún solitario comentarista polí­tico que se complace por el regreso del ex mandatario, porque de esa manera podrá ser juzgado imparcialmente, aduciendo, además, que Portillo se entregó voluntariamente, sin coacción alguna.

En lo que respecta a la fianza que le impuso el juez Xitumul, la mayorí­a de los crí­ticas sostienen que la medida sustitutiva constituye una burla a la justicia, puesto que Portillo deberí­a haber sido enviado al Preventivo de la zona 18, y que, en todo caso, el monto de la fianza es ridí­cula porque no es proporcional a la suma que se acusa al ex mandatario de haber defraudado al Estado.

Otros opinan que el monto de la caución es una decisión optativa del juez, aunque levanta sospechas el hecho de que, al parecer, los abogados defensores del ex presidente ya tení­an en su poder un cheque de Caja por un millón de quetzales, cabalmente, como si se hubiesen enterado con anticipación del monto de la fianza impuesta por el juez Xitumul.

Los polí­ticos no se han quedado atrás. En tanto que dirigentes y diputados del FRG, con el general Rí­os Montt a la cabeza, están complacidos por el retorno del zacapaneco y aplauden la decisión judicial; lí­deres y activistas de la mayorí­a de los otros partidos polí­ticos opinan lo contrario, con excepción de la silenciosa UNE, y quisieran que Portillo se pudriera en la cárcel.

Lo que puedo agregar de mi parte, es que el ex presidente Portillo volvió a demostrar su sagacidad, puesto que a sabiendas que tení­a nulas posibilidades de no ser extraditado, aunque aún contaba con un recurso judicial a su alcance, pero sumamente difí­cil de prosperar, optó por entregarse a las autoridades mexicanas, con la certeza de que según el tratado de extradición suscrito entre los Estados de Guatemala y México, sólo puede ser procesado por el delito por el que fue reclamado, es decir, de peculado, del cual posiblemente salga absuelto, porque no fue cuentadante, como lo ha reiterado con sólidos argumentos el Editorial de La Hora, sin pretender ser oficioso defensor del ex mandatario.

Sin embargo, según una amplia y pormenorizada nota informativa publicada el pasado martes en Prensa Libre, el Ministerio Público está investigando a Portillo por otros tres delitos relacionados con lavado de dinero, de suerte que de acuerdo con declaraciones atribuidas a investigadores del MP no identificados, al concretarse las pesquisas se podrí­an emprender nuevas acciones judiciales contra el ex gobernante.

Ante esa posibilidad vuelve a surgir la duda respecto a que si al ex mandatario se le puede juzgar por otros delitos que no sea el que dio origen a su extradición de México, o si el Ministerio Público tiene la capacidad legal de soslayar esa cláusula y si los tribunales aceptarí­an que se ventilen nuevas demandas contra el ex presidente Portillo.

Además, la alagadaza mediática provocada por el retorno de Portillo, sirvió para que pasara a tercer plano el desví­o millonario en el Congreso, aunque finalmente el diputado Eduardo Meyer quedó sin inmunidad, pese a los recursos dilatorios que planteó.

(Romualdo Tishudo asegura que oyó a un ex presidente decir: -No hay que preocuparse por lo que piense la gente; no lo hace a menudo).