El principal gremio de periodistas de El Salvador se pronunció ayer en contra de los planes del Congreso de reformar una ley penal para obligarlos a declarar ante un tribunal cuando sean testigos de delitos graves, pues ello «atenta» contra su seguridad.
«La propuesta de reforma a todas luces nos deja clara una posibilidad atentatoria contra el libre ejercicio del periodismo por cuanto un periodista no tiene inmunidad de ninguna clase, es un ciudadano común y corriente y si es testigo de un hecho dentro de su trabajo periodístico tiene derecho a salvaguardar la información», dijo Rafael Domínguez.
Domínguez, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), consideró que convertir a un periodista «en una evidencia científica de un hecho», llegaría a deformar el trabajo de la prensa y lo transformaría en «elemento judicial».
La reacción de la APES ocurre luego que saliera a luz pública que el Congreso estudia una reforma del Código Procesal Penal en la que prevé que los periodistas que en el ejercicio de su función sean testigos de un hecho delictivo grave, puedan ser obligados a declarar ante un tribunal.
«De llegar a hacerse la reforma, dejaríamos de ser unos trasladadores de los hechos sociales y nos estaríamos convirtiendo en policías, porque no sabríamos en qué momento el trabajo periodístico se estaría convirtiendo en una prueba única y última para meter a alguien en la cárcel», sostuvo el presidente de la APES.
A criterio de Domínguez, el obligar a los periodistas a declarar en calidad de testigos en delitos de gravedad también es una afrenta a la seguridad física de los comunicadores, pues se «convertirían en objetivo de los delincuentes y si aquí no hay capacidad para proteger a testigos, mucho menos se protegería a periodistas que somos figuras públicas».
Actualmente la ley penal prohíbe que periodistas en el ejercicio de su función sean llamados a declarar ante un tribunal de justicia y se hace valer el derecho al secreto profesional.
La reforma planteada a la ley penal sostiene que los periodistas serían llamados a declarar en caso de ser únicos testigos de delitos graves como asesinato o secuestro, por ejemplo.
Ayer, el diputado de la oficialista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) Guillermo Avila dijo que la reforma penal está siendo revisada tras conocerse la reacción de la prensa y de la gremial de periodistas y que en todo caso «no se desea afectar la libertad de prensa».
«Si la propuesta de reforma está siendo demasiado confusa o puede generar problemas, pues entonces creemos que no pasa (no se aprueba) y se guarda», indicó Avila, tras señalar que la reforma aún no tiene fecha definida para ser discutida en el pleno legislativo.