La falta de una cultura contra los desastres, la transformación climática del planeta, la geografía de Guatemala y sus países vecinos, cada año siguen poniendo en riesgo a más poblaciones vulnerables en el campo y la ciudad.
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Ello ha quedado demostrado desde el huracán Fifí, que entró al Atlántico el 19 de septiembre de 1974 y causó más de 15 mil muertos y más de 600 mil damnificados en Honduras, con repercusiones en la costa norte del país principalmente en Izabal.
Desastres que no han terminado y continuaron vulnerando el territorio guatemalteco. El huracán Mitch, en 1998; la tormenta Stan en 2005, inviernos severos y destructores que hasta hoy, le han costado millones de quetzales en pérdidas a miles de familias que viven en pobreza y pobreza extrema en el país.
La falta de una cultura de previsión económica familiar y del Estado, para enfrentar cualquier apuro, incrementa los riesgos y esa vulnerabilidad reiteran los expertos todos los años.
A lo largo de varias administraciones de gobierno, se ha echado mano de los fondos del presupuesto para enfrentar las emergencias, aunque el dinero presupuestado tenga destinos y fines específicos.
Reparar la ruta
Luego de las fuertes lluvias en agosto pasado, que causaron el desbordamiento del río Cahabón, Alta Verapaz, donde seis personas perdieron la vida por causa de derrumbes e inundaciones, el vicepresidente de la República, Rafael Espada, advirtió la necesidad que el país tiene de contar con un fondo económico para enfrentar desastres.
La diputada Graciela Emilene Mazariegos, presidenta de la Comisión de Reconstrucción Nacional, quien estuvo trabajando con el vicemandatario en esa emergencia, elaboró y presentó una iniciativa de ley que tiene como fin reparar esa deficiente ruta económica que ha caracterizado al país.
Barrera difícil de pasar
Desde el 26 de agosto pasado, el proyecto número 3878, Ley del Fondo Nacional para la Prevención, Atención y Reconstrucción de Desastres Naturales, empezó a incubar la posibilidad de ser un instrumento que pueda prevenir desastres y salvar vidas, explica la parlamentaria.
Convencer a la mayoría de los diputados, sobre la importancia del tema, ha sido tarea difícil. Otro contratiempo enfrentado es la capitalización del proyecto que se ha calculado previamente en Q500 millones provenientes de la recaudación de los ingresos tributarios anuales, explica la legisladora.
Aumentan los efectos
Sólo este año los medios de información han dejado testimonio escrito y audiovisual de las consecuencias lamentables por desastres, en los departamentos de Escuintla donde el caso Palín todavía no está resuelto; Petén, Zacapa y Alta Verapaz donde el desbordamiento de los ríos Usumacinta, Motagua, Cahabón y Chixoy han demostrado su capacidad de destrucción.
Asimismo en la Costa Sur, Retalhuleu y Suchitepéquez donde muchas comunidades quedaron anegadas y se perdieron las producciones de plátano, papaya, hortalizas y granos básicos. Autoridades municipales y comunitarios reportan pérdidas superiores a los Q62 millones.
La información debido a los efectos que deja a su paso la furia de la naturaleza, no ha faltado desde mayo. En el occidente del país, San Miguel Acatán, Huehuetenango sufrió el peor deslave que dejó seis personas muertas y millones de quetzales en pérdidas materiales.
Similar situación ha ocurrido en los departamentos de San Marcos y Quiché donde predominan los territorios montañosos que al saturarse los suelos han ocurrido desgracias que se agravan porque el auxilio se retarda por las largas distancias entre municipios.
¿Qué es la ley futura?
La Ley Fondo Nacional para la Prevención, Atención y Reconstrucción de Desastres Naturales de dieciocho artículos prevé que el fondo económico quede establecido en el próximo presupuesto del Estado 2009.
Que las municipalidades sean beneficiarias de dicho fondo, para que puedan responder en prevención y reconstrucción inmediata, que ahora se dificulta por la centralización de todas las acciones públicas en la capital.
El fondo monetario, únicamente será para zonas declaradas rojas y en estado de calamidad, queda prohibida la utilización del dinero para otro fin o que sea transferido para distinto propósito. Tendrían acceso a los recursos: los ministerios de Ambiente, de Comunicaciones, de Defensa Nacional, de Gobernación, de Salud.
También la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del Presidente, Conred, Fonapaz e Infom.
La previsión es para desastres sísmicos, erupciones volcánicas, aludes, deslaves, maremotos, sequías atípicas, lluvias, tormentas tropicales, huracanes, tornados, granizadas, incendios forestales, epidemias.
Para reparar y recuperar puentes, carreteras, puertos, distribuidores y ejes viales. También para abastecer agua potable, cuidar el saneamiento ambiental, salud, medicina, seguridad, energía eléctrica, alimentación, vivienda temporal.
Capacitación, movilización de personas, campañas de concienciación, modernización de tecnología contra desastres y ejercitación de simulacros, refiere el texto de la iniciativa de ley.
La naturaleza y sus fenómenos incontrolables, no avisan. Sin embargo, en la Era Moderna los centros controladores del clima advierten con anticipación sobre las probabilidades que cada país tiene de sufrir consecuencias humanas y materiales debido a algún fenómeno atmosférico o terráqueo.
El Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, ha previsto que esta semana el país terminará con intensas o permanentes lluvias debido al ingreso de otra depresión tropical, que empezó a tocar tierra firme.
Las instituciones de socorro junto a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, mantienen la vigilancia. Para ello, el Congreso de la República aprobó recientemente una ampliación presupuestaria millonaria para terminar el año, que estén cubiertos económicamente los saldos que dejen las lluvias.