A paso de tortuga, el Congreso discute la nueva Ley de Armas y Municiones que genera amplio debate en sectores de la sociedad. Como parte de los Acuerdos de Paz se impulsó un proyecto en cierto sentido restrictivo que trasladaba el control del departamento específico al Ministerio de Gobernación, en vez del de la Defensa que lo ha tenido desde la fundación del Decam, y que pretendía establecer limitaciones en cuanto a la cantidad de armas por licencia y de municiones que podía adquirir cualquier persona.
Ese concepto está apoyado por los grupos de derechos humanos, la comunidad internacional y sectores que consideran que la proliferación de armas es una de las causas de la violencia. Por el otro lado están los que defienden el derecho a la tenencia y portación de armas sin mayores limitaciones, los grupos más conservadores del país y quienes se dedican al comercio de armas y municiones, quienes para empezar pretenden que el control permanezca siendo del Ejército y sostienen que el ciudadano debe tener facilidades para adquirir, portar y disparar sus armas, comprando municiones casi sin límite.
Creemos que alrededor del tema hay muchas imprecisiones que no son fáciles de esclarecer por la ausencia de estadísticas confiables porque los crímenes violentos muchas veces ni siquiera son investigados. Pero es obvio que muchos de los crímenes que se cometen en el país son resultado del accionar de bandas organizadas para delinquir, sean estas maras o pandillas de ladrones de autos, de secuestradores, de ladrones de celulares o de sicarios. Esa gente no opera con armas registradas legalmente sino con las que son parte del mercado negro que es tan abundante en nuestro país y que permite adquirir las de más alto poder sin mayor problema.
En ese sentido la reducción del comercio legal de armas puede no ser determinante para que baje el número de homicidios por arma de fuego y hasta podría suponerse que con las enormes debilidades de las fuerzas de seguridad, el ciudadano encuentra en su arma personal el mayor consuelo frente al avance incontenible de los delincuentes. Por supuesto que el fin de las armas es matar y mientras más armas existan, más riesgo de que se produzcan muertes por arma de fuego, pero no se puede pretender que la ciudadanía honrada se desarme o se limite su derecho a la portación en tanto no existan mecanismos para controlar esa proliferación de armas ilegales.
Es éste un debate que polariza a la sociedad y en el que no hay posibilidad de acuerdos. La ley, cualquiera sea su versión final, tendrá ardorosos defensores y ardorosos detractores.