Después de 12 años de la Firma de la Paz, miles de víctimas del Conflicto Armado Interno aún esperan que el Gobierno repare parte de los daños causados a la sociedad.
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No es posible ocultar la verdad, debido a que los daños ocasionados por el enfrentamiento armado durante 36 años -a partir de 1960 hasta 1996- todavía son visibles en la sociedad, dice Manuel Pérez, coordinador del Consejo Nacional de Desplazados (Condeg).
Al respecto, el presidente ílvaro Colom y el secretario de la Paz, Orlando Blanco, reconocen que la mayor parte de responsabilidad del conflicto la tuvo el Estado guatemalteco y a sus «entes represivos» por lo que compete a esa entidad resarcir a los afectados por la violencia.
A pesar de que el tema se trata con apertura en el ámbito social y que el Gobierno ejecuta un programa de resarcimiento para las víctimas, éstas esperan que el Gobierno les entregue algo más que una disculpa y un cheque con Q22 mil.
Trabajo integral
«El enfrentamiento nos costó nuestras tierras, nuestra dignidad y sobre todo la vida de nuestros seres queridos, ahora necesitamos que los daños se reparen de forma integral», sostiene Pérez, quien trabaja junto con miles de familias para exigir un «resarcimiento digno» al Gobierno.
María Chilajuj, perteneciente a una de los cientos de familias desplazadas por las guerras, se une al llamado de unidad de las víctimas para exigir que además de pago de resarcimiento en efectivo se inicie un programa de cambio estructural en el país que involucrar la repartición equitativa de la tierra.
La mayoría de familias resarcidas aprovechan los fondos que les otorga el Gobierno para poder subsistir, sin embargo el dinero no es suficiente para recuperar sus tierras y el desarrollo que habían conseguido previo al conflicto.
La organización Condeg tiene registradas más de 120 familias desplazadas solamente en la Capital, donde cabe la posibilidad que el número de afectados por la pérdida de tierras se multiplique.
«De todas las víctimas se tiene que dar prioridad a las que tuvieron que dejar sus parcelas y pertenencias, porque se encuentran en mayor desventaja que el resto», opina Pérez.
A pesar de que la prioridad debe ser la población desplazada según Pérez, Condeg estima que la creación de un programa para la facilitación de tierras es el camino más adecuado para resarcir a las víctimas.
Aunque no existe un consenso entre los distintos grupos sociales que trabajan en pro de las victimas, la mayoría sostiene que el acceso a los medios de producción es una necesidad básica para poder reconstruir sus vidas, después de una época de represión y persecución indiscriminada.
Las condiciones de pobreza y pobreza extrema en que se encuentra la mayor parte de víctimas les obligan a aceptar la compensación económica del Gobierno, no obstante aún se encuentran a la espera de las condiciones para tener una vida digna.