Los casi 800 millones de campesinos chinos contaban a partir de ayer con un nuevo plan de reformas del sector rural que les permitirá aumentar sus derechos sobre la tierra y ayudará a impulsar la seguridad alimentaria del gigante asiático.
La sesión plenaria del 17º Comité Central del Partido Comunista Chino (PCC) aprobó el domingo un plan de reformas rurales, prioritario para reducir la cada vez más amplia distancia entre los ingresos de campesinos y trabajadores ciudadanos en los últimos 30 años de políticas capitalistas de mercado.
Esa brecha se ha convertido con el paso de los años en una auténtica pesadilla para un país como China, que es el más poblado del mundo y que ha llevado a cabo un crecimiento económico espectacular.
«Dar un nuevo aliento a la economía rural es la clave para el próximo estadio de desarrollo de China», declaró al semanal Outlook Weekly, Chang Xueze, de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas.
Unos 500 altos dirigentes y miembros del Comité Central del PCC estuvieron reunidos a puerta cerrada durante cuatro días en Pekín para aprobar un paquete de reformas que, según algunos medios oficiales, conllevarán una modificación de las actuales leyes sobre la tierra en China, donde los campesinos sólo tienen un derecho de uso de los terrenos, que pertenecen al Estado.
El comunicado final de la reunión -que estuvo presidida por el jefe del Estado chino, Ju Hintao- hizo un llamamiento para que se logre el fin de la pobreza rura, se mejoren las condiciones de seguridad alimentaria y se duplique el ingreso per cápita de los campesinos chinos de 4.140 yuanes (591 dólares) de aquí a 2020.
«Debemos fortalecer el estatus de la agricultura y colocarla como una de las prioridades del país y resolver, de una vez por todas, el problema básico de la alimentación para cientos de millones», recalcó la nota.
Por eso, en ese escrito se remarcó que China debe adoptar una «prudente y flexible política macroeconómica» de forma que pueda «depender de sí misma, dar ímpetu a la cada vez mayor demanda doméstica y mantener una economía y unos mercados financiero y de capitales estables».
En cuanto a las reformas concretas de las leyes de la tierra, éstas pondrán fin parcialmente a las normas que rigen desde 1978, cuando llegó al poder el padre de las reformas y de la apertura en China, Deng Xiaoping.
Desde entonces, los campesinos chinos sólo han tenido un simple derecho de uso durante 30 años de sus tierras, que no podían ni vender, ni transmitirla a sus descendientes y ni tan siquiera alquilarla sin el previo aval de las autoridades.
Con las nuevas normas, los dirigentes comunistas no darán a los campesinos el derecho de propiedad de los terrenos pero les permitirán una serie de transacciones hasta ahora prohibidas como el alquiler o las hipotecas, explicó Dan Guoying, de la Academia de Ciencias Sociales, citado por el diario China Daily.
Según Dang, esas medidas acelerarán «la urbanización del país, atrayendo a más campesinos hacia las ciudades, mientras los grandes empresarios del sector favorecerán el desarrollo de una agricultura moderna en las zonas rurales».
En estas últimas reside el 56,1% de la población china, o sea, 737,42 millones de personas, según estadísticas oficiales de 2007.
Pese al rápido despegue de la economía, gran parte de los casi 800 millones de campesinos chinos vive aún en condiciones extremadamente difíciles.
Las autoridades locales, responsables de la propiedad y gestión de las tierras, abusan a menudo de estos poderes para expropiar a los agricultores y ceder luego esos terrenos con la consiguiente plusvalía y sin indemnizar a los expropiados.