En su reciente análisis sobre la situación política del país, la Fundación Myrna Mack sigue insistiendo sobre la lentitud para resolver la localización de los Q82.8 millones, desaparecidos durante la administración del diputado Eduardo Meyer.
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«[…] escándalo que, de continuar sin que se vean acciones concretas para deducir responsabilidades penales a quien corresponde, podría derivar en un mayor descontento popular y en la generación de opiniones proclives al uso de medidas drásticas de depuración, en detrimento de la independencia del Poder Legislativo [?]», resalta en el informe electrónico difundido.
Asimismo, destaca el tema de las armas y las municiones, coincidente una vez más con el retraso de una discusión seria para la aprobación de una legislación moderna que venga a regular la tenencia de armas y municiones en manos de los ciudadanos.
Reniegan que todas las imperfecciones del post conflicto bélico entre guerrilla y Ejército, están llevando a la sociedad por un rumbo similar al que caracterizó durante esa confrontación y conflictividad, sumado al deterioro institucional y ambiente bélico que sigue soportando la población en las ocho regiones que integran el país.
Lo anterior, al dar a conocer datos que sirven para ilustrar la situación de un país que doce años atrás intentó hacer desaparecer la guerra armada interna.
La Fundación Myrna Mack plasmó esa preocupación y cita como referencia a la publicación del Diario de Centro América, donde se difundió una investigación sobre las empresas privadas que ofrecen servicios de seguridad y que están registradas.
«La Asociación de Investigación y Estudios Sociales afirmó que en el Ministerio de Gobernación están registradas alrededor de 143 empresas de seguridad, de las cuales 84 están en espera de ser autorizadas», cita el informe.
Agregan: «Hay que considerar, además, que no todos los agentes que trabajan en dichas empresas han registrado sus armas en el Departamento de Control de Armas y Municiones (Decam), tal como lo afirmó la PNC al Diario La Hora el 22 de agosto, que de 25,735 agentes pertenecientes a las empresas de seguridad registradas sólo 24,133 han reportado sus armas al Decam», cita.
La fundación Mack agrega: «A este número de armas ilegales se debe sumar el porcentaje de armas y municiones de particulares que no son reportadas, el cual es considerable si se toman como referente los 50 millones de municiones vendidas legalmente en 2007».
Como consecuencia de las deficiencias en el control del armamento, la oficina defensora de los derechos humanos complementa su análisis con otra causa que llama: «una enfermedad social que produce y multiplica todos los días violencia armada, violencia psicológica y violencia verbal»
Y que esa repercusión está llegando hasta las morgues del Inacif, que ha venido presentando informes precisos.
«[…] en el primer semestre de este año se han registrado 5,415 muertes, de las cuales sobresalen aquellas ocasionadas por arma de fuego (1,949) y arma blanca (195). El aumento del número de las muertes se evidencia en el reporte de los dos últimos meses; en julio se registraron 1,022 muertes y en agosto 1,123 muertes».
«Si las estadísticas siguen como hasta ahora, cerraremos el año 2008 con más de 6 mil personas muertas de manera violenta», puntualiza el informe de la Fundación Myrna Mack.