La actitud caprichosa de los trece magistrados de la Corte Suprema de Justicia es totalmente inaceptable porque con ella están comprometiendo seriamente no sólo la institucionalidad del sistema de justicia, sino que también la del país mismo al dar un pésimo ejemplo de irrespeto a las leyes principales. Es cierto que el sistema, diseñado por los artífices de aquella funesta reforma constitucional aprobada por una pírrica minoría en tiempos de Ramiro de León Carpio se pasearon en todo, pero aún reconociendo que hicieron un mamarracho, no queda sino aceptar la letra de la norma.
El problema de Guatemala es que somos un país donde prevalecen los caprichitos de unos cuantos. Un grupito de «iluminados» aprovechó la falta de carácter del Presidente en aquellos días para fabricar una reforma constitucional a su gusto y antojo en la que se usó como bandera la depuración de los poderes Legislativo y Judicial, pero en el fondo lo que perseguían era el negocio del sector financiero cuando introdujeron la norma espuria para prohibir a la banca central financiar al Estado. Y de paso metieron mano peluda en cuestiones como la de la Corte que terminó sin cabeza por esa «ideota» de la presidencia alterna de un año de duración.
Por supuesto que los culpables del desmadre nunca darán la cara porque supieron actuar bajo la mesa, como lo hacen siempre, y un pequeño número de ciudadanos, engatusado por la idea de que habría depuración, dieron el sí en las urnas pese a que se les hizo ver que era una patraña lo que estaban proponiendo.
El caso es que ahora estamos atrapados en un nuevo problema porque otro capricho, el que genera la disputa entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que, como no, evidencian su estrecho criterio y sus amplias ambiciones, impidiendo que se cumpla la ley.
Cada vez es más evidente que urgen cambios de fondo al sistema, que no basta con modificaciones pequeñas y cosméticas sino que tiene que haber un rediseño del mismo Estado para hacerlo funcional y para que cese de ser jauja para los pícaros y sinvergí¼enzas que se aprovechan de la debilidad institucional para mamar y beber leche. No hay una razón política ni de Estado para que la Corte se estanque en la disputa por la Presidencia; simplemente se trata de bajas ambiciones personales que nada tienen que ver ni con la justicia ni con el servicio a la comunidad. Por ello es que el repudio a los magistrados tiene que mostrarse de manera contundente por su falta de patriotismo y valor cívico.