El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, impulsa un polémico proyecto de «Ley de Vivienda Digna», que causa temores en el sector privado, que favorecería a 40 mil familias pobres y facultará al gobierno a adquirir tierras mediante compras, canjes, declaratorias de utilidad pública, expropiaciones judiciales, embargos o cesión por deudas.
La iniciativa, que se encuentra en estudio en el Parlamento, es una de las «prioridades» sociales del gobernante Frente Sandinista (izquierda) para resolver el déficit de 42 mil viviendas en el país, el cual aumenta todos los años con la conformación de 22 mil nuevas familias, según el texto del proyecto al que se tuvo acceso.
El gobierno plantea construir 40 mil viviendas populares en los próximos once años a las familias pobres, mediante subsidios o créditos a bajos intereses, con el propósito de cumplir con las metas de Desarrollo del Milenio fijadas por la ONU para 2020.
Aunque el proyecto busca beneficiar «a una de cada tres familias nicaragí¼enses que viven hacinadas por falta de recursos», dirigentes del sector privado han manifestado su preocupación sobre las intenciones del gobierno de ejecutar sus planes en terrenos estatales, privados o en desuso.
Las tierras serán asignadas por un Banco de Tierras, que -según el texto- se encargará de controlar el inventario de terrenos existentes en el país y facilitar lotes para construir las viviendas populares.
«Serán parte del Banco de Tierras los terrenos que pertenezcan al Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur), los que adquiera por compra, canje o declaración de utilidad pública; los terrenos propiedad del Estado», municipales y aquellos que el gobierno disponga por no tener «usos prioritarios».
También los terrenos estatales o municipales que fueron cedidos a particulares para su usufructo, «los que se obtengan como resultado de ejecuciones judiciales o de otro tipo promovidas por el Estado o daciones en pago de deudas».
La iniciativa fue presentada el año pasado por la bancada sandinista, pero su contenido trascendió el martes cuando Ortega anunció, en una intervención ante la Comisión de Infraestructura del Congreso, la posibilidad de realizar -si fuera necesario- expropiaciones para cumplir su cometido.
«Me sorprende cómo los diputados que dicen ser de la oposición y representantes de los empresarios, observan y escuchan al presidente Ortega que les dice de frente este tipo de cosas sin que se oiga una voz de inconformidad», dijo el empresario Rosendo Díaz, ex líder de la cúpula empresarial.
El borrador establece que si el gobierno no logra un acuerdo razonable de pago con el propietario de un inmueble o lote sujeto a ser declarado de utilidad pública, «se procederá al juicio de expropiación».
Para ello, plantea fortalecer el Invur, otorgándole amplias facultades para «actuar como organismo rector de la política de vivienda».
El Invur asumiría la planificación, administración y concesión de fondos habitacionales, con el apoyo de los 153 gobiernos municipales y entidades públicas relacionadas.
Se crearán, además, ventanillas únicas para agilizar los trámites y un fondo especial para ejecutar los proyectos, los cuales serán administrados por el Fondo Social de Vivienda con todas las potestades de un organismo financiero, que estará bajo las órdenes de Invur.
La iniciativa ha generado tímidas críticas de parte de privados y la derecha liberal -dividida en dos corrientes a favor y en contra del gobierno- que aseguran que no apoyarán ninguna iniciativa que perjudique el libre mercado.
La crítica más fuerte fue expresada por el Partido Liberal Constitucionalista, aliado al gobierno, que anunció que rechazará el plan de Ortega «de utilizar la expropiación como método para implementar proyectos populares de viviendas».
«Es un tema que obviamente como sector privado que no compartimos», dijo el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Aguerri.