¿Qué es lo que un Ministerio de Energía y Minas puede hacer ante los importadores y distribuidores de derivados de petróleo? No mucho, pero sí mucho más de lo que se está haciendo. Puede obligarlos a declarar y publicar qué productos, en qué fechas, en qué cantidades y a qué precios se importan. Puede obligar a que se publique, certificadamente, las estructuras de precios internas semanal y mensual y así saber cuáles son los márgenes a los que se está manejando los derivados de petróleo que importan, de tal forma que si se abusa y exagera, la población, el Congreso, el Ejecutivo puedan tomar acciones e incluso normar o regular los márgenes de rentabilidad y regresar a precios autorizados por el Estado.
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El Ministro de Economía ha declarado que el Estado ha sacrificado impuestos, ingresos para que productos alimenticios se importen y de esa forma se eleve en un menor porcentaje el precio de la harina, pan, aceites, huevos, pollo, maíz, etc., etc., pero no ha sido capaz de lograr que los pocos importadores y productores nacionales trasladen ese sacrificio fiscal a los consumidores. Dentro de ese ministerio está la Dirección de Protección al Consumidor, DIACO, qué le impide informar cuáles son los precios que rigen en estos productos y otros que forman parte de la canasta básica alimenticia en los mercados, supermercados, despensas y lugares de venta públicos.
La primera acción previa a los precios topes es concientizar al productor, al comerciante, que no debe de abusar en sus utilidades y que si lo hace, el Estado no vacilará en normar y establecer precios topes.
A nadie le es agradable que lo controlen, que lo fiscalicen, que lo supervisen, pero el Estado es responsable de mantener los equilibrios para no llegar a crisis. Cuando se abusa de la libertad empresarial, del consumidor, del pueblo en general, el Estado tiene la obligación de tomar las medidas que mantengan el equilibrio y el respeto al consumidor. Si eso se hubiera hecho en los Estados Unidos, no se hubiera llegado a la crisis económica que hoy está afectando a todo el mundo.
En la visita de los ministros al Congreso, los diputados fueron poco eficientes, tanto en el número que intervinieron como en la forma en que lo hicieron. Que bueno hubiera sido que la presidenta de la Comisión de Protección al Consumidor, Nineth Montenegro, que todos los miembros de la Comisión hubieran estado preparados, informados y que de la misma manera que constantemente la diputada Montenegro fiscaliza al Ejército, al Congreso y distintos aspectos del gasto público, hubiese evidenciado su preparación, su preocupación por resguardar los intereses de los consumidores, como es su obligación, demostrando que los productores, los importadores, los distribuidores y demás personas individuales o jurídicas involucradas están abusando o no en los precios de los alimentos y de los derivados de petróleo en detrimento de todos los consumidores finales de estos vitales e indispensables productos para la vida y desarrollo del país.
Los ministros, los diputados y la comisión tienen la responsabilidad, la obligación de velar y de fiscalizar que no se abuse del consumidor y si es necesario contarle las patas al gato para que se sepa que no tiene tres, sino cuatro.