Tanto el Congreso como el Ejecutivo han incurrido en una gran deuda con las organizaciones de migrantes. El más reciente capítulo fue la insatisfactoria elección de Secretario Ejecutivo y Subsecretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua). En violación del texto y el espíritu de la ley correspondiente, el Congreso eligió sobre la base de planillas. Con ello, se garantizó que el candidato de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) quedara excluido de ser Subsecretario, aparte de lograr los votos de los partidos aliados con la UNE, concediéndoles dicho puesto. Por otro lado, se pudo comprobar que, pese a los ofrecimientos del presidente Colom y del Ministro Rodas de que el Ejecutivo se quedaría al margen de la elección, en la realidad éste ejerció presión para elegir al candidato «oficial» y su compañero de planilla.
Ante estos hechos, sabemos que contamos con el recurso legal de presentar un amparo contra la elección; aun más, ante el hecho de que no se ha comprobado debidamente que el Secretario cumple con el requisito de tener 3 años de trabajo con migrantes y que el Subsecretario ha sido señalado de corrupción en el consulado de Denver. No seremos nosotros, sin embargo, los que planteemos la nulidad, porque nos damos cuenta de que no existe voluntad política de diputados y diputadas de aceptar las propuestas de las organizaciones de migrantes. Le corresponde al Congreso, eso sí, por respeto a la población, demostrar que el Secretario cumple con las calidades exigidas y que se abre una investigación sobre las acusaciones de corrupción contra el Subsecretario, manteniendo, desde luego, su presunción de inocencia.
Reiteramos que el Congreso y el Ejecutivo han quedado en deuda y que dicha deuda debe ser pagada. La credibilidad del Presidente y el Ministro ha quedado cuestionada, al igual que la supuesta apertura del Congreso ante los planteamientos de las organizaciones de migrantes. Por ello, demandamos que el Congreso proceda de inmediato a reformar la Ley de Conamigua para corregir sus dos grandes deficiencias. Debe incluir representantes de los migrantes en el Consejo Nacional y debe democratizar los procesos de elección en que participen los migrantes. Por su parte, el Ejecutivo debe cumplir las dos promesas solemnes hechas en Nueva York: la promesa del presidente Colom de apoyar la reforma inmediata de la Ley de Conamigua; y la promesa hecha por el Ministro Rodas, ante testigos, de que si la Ley actual no estipulaba que las organizaciones guatemaltecas tuvieran que registrarse en Estados Unidos -solamente habla de registrarse en el consulado- que el proceso de elección de representantes de los migrantes ante el Consejo Asesor se repetiría, totalmente y de manera mucho más democrática. Esperamos que no se trate, una vez más, de promesas al viento que el Ejecutivo deja de cumplir.