Durante los últimos 40 años, y tal vez más hacia atrás, en la Guatemala gobernada por militares incultos y prepotentes así como por civiles letrados sumisos al poder de las armas cuarteleras, ha habido un sostenido fracaso en materia de seguridad pública, de acuerdo con la mejor de las formas de averiguarlo: la experiencia de quienes hemos vivido y sobrevivido en este país.
Al hacer un severo análisis, que explica el problema por la falta de continuidad en los planes y programas de seguridad estatal, resulta fácil identificar que la improvisación, la corrupción y la impunidad, fueron y son los elementos que prepararon y mantienen el «caldo de cultivo» de la delincuencia en Guatemala; la mayoría de las veces con el «apadrinamiento» oficial a los poderes paralelos que no dejan de existir (la oficinita).
Para quienes vivimos aquí, y quienes no salimos corriendo en las épocas de mayor represión, la situación actual refleja una realidad palmaria. La supervivencia para muchos trajo aparejada la sumisión, el control, la delación, la traición y hasta la desaparición física de quienes no pensaron o se amoldaron a las políticas de barbarie del Estado dirigido por abusivos y coyones; ahora, algunos de esos traidores se apoltronan dirigiendo el rumbo del país; es necesario que las autoridades conozcan de seguridad civil; ya no más militares o émulos de los mismos con otros rangos.
Las reformas legales a la Policía Nacional Civil en cuanto a su organización interna y de los mandos de dirección ordenadas por el presidente Colom para articular las acciones de seguridad y crear un sistema de evaluación y control de confianza como mecanismos de participación social y ciudadana y normas para que la fuerza policial respete los derechos humanos, tienen por ahora el «beneficio de la duda» para que deje de ser «una de las instituciones más oscuras del país».
No hemos visto los ciudadanos guatemaltecos que el Honorable Colegio de Abogados haya emitido recomendaciones aunque sean ligeras, que aporten posibles soluciones legales para que no se genere más impunidad de los funcionarios públicos, ni presiones a los jueces a través del cohecho o amenazas, mucho menos limitarse a la emisión de «tibios y timoratos» desplegados sobre «la terrible inseguridad en que está sumido el país».
La inseguridad que nos agobia obedece a la acción del crimen organizado internacionalmente, al crimen estatal (funcionarios y empleados ladrones del Estado: léase ex presidentes de la República, ex ministros, ex directores generales, ex presidentes del Congreso, ex diputados entre otros), a la baja calidad educativa de los integrantes de las fuerzas de seguridad del país y de los dirigentes políticos que nos han gobernado.