La Asociación Maya de Estudiantes Universitarios (AMEU) asistió al Congreso durante la entrega de una iniciativa que busca reformar 10 artículos y agregar tres nuevos a la ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
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La ley mencionada, ahora no es propicia para una real participación de las mujeres, sus familias y las comunidades en el país, opinó Walter Félix, en nombre del grupo parlamentario indígena.
Lilian Aracely Icú Cutzal, universitaria del occidente del país, indicó que la ley vigente presenta cerca de veinte problemas legales que no le han permitido a la mujer entrar al campo de la participación.
La actual legislación no ofrece garantías suficientes para obtener recursos económicos que permitan que estén activos y productivos algunos consejos, desde los comunitarios hasta los municipales, menos alcanzar el nivel de participación o influir en acciones positivas a nivel de consejo departamental y nacional.
«Las alcaldías municipales, que siguen lo que ordena la ley, exige la organización legal a aquellos pobladores, hombres o mujeres, que quieren participar en un Consejo Comunitario de Desarrollo, pero esa formalidad les cuesta a las comunidades interesadas desembolsar entre Q5,000 y Q8,000», explicó Icú Cutzal.
Los estudiantes asistentes aseguraron que con la actual ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural está limitado el éxito para ejercer una auténtica auditoría social, porque actualmente la mayoría de los alcaldes se han negado a dar informes a los vecinos que preguntan cuántos recursos llegan y cuánto se ha invertido para los proyectos de las comunidades.
Tampoco se les permite a los grupos tener voz y voto, ni prosperan las solicitudes más urgentes que requieren los municipios, las aldeas, los caseríos o los cantones que pasan desde la demanda de agua potable, drenajes, salud, educación bilingí¼e, vivienda digna y se le resta importancia a la vulnerabilidad a los desastres que se ha evidenciado año tras año, indicaron.
La iniciativa de reforma pretende asegurar la participación de todos los grupos, ya que por ejemplo Huehuetenango tiene nueve comunidades lingí¼ísticas y no todas están representadas en los consejos de desarrollo.
Los huehuetecos son tan variados, que los hablantes del mam, kanjobal, chuj, poptí, aguacateco, chalchiteco, acateko, tectiteko y el castellano, no han obtenido la misma proporción de oportunidades para su representación pero la mayoría de veces es nula.
Asimismo departamentos como San Marcos o Quetzaltenango son otros ejemplos de la multiculturalidad que piden un instrumento legal actual y participativo, para no ser excluidos, demandaron los estudiantes universitarios, quienes señalaron que cuentan con apoyo de los legisladores del grupo parlamentario indígena.