El regreso del ex presidente Alfonso Portillo al país para resolver su situación jurídica por estar acusado del delito de peculado por Q 120 millones de quetzales, tuvo una serie de efectos de diversa índole a raíz de las opiniones que he leído en las páginas web de varios medios que me dejan con la sensación de que me encuentro rodeado de una cambiante, vulnerable, ingenua, desconfiada, resentida y maleable sociedad guatemalteca.
En primer lugar, aunque a más del 98 por ciento de guatemaltecos nos agarró de sorpresa la venida de Portillo, es indudable que todo fue preparado -y muy bien preparado-, por el propio ex mandatario, sus abogados, amigos y gente que estuvo cerca de él en su gobierno, que pusieron su talento e inteligencia a este que casi resultó un «regreso triunfal» aderezado por las palabras populistas del recién llegado que estuvo sereno, se desenvolvió y envolvió con su soltura y palabras a algunos de los que por los medios de comunicación lo vimos y escuchamos.
Momentos antes de escribir esta columna me comuniqué con una persona que está muy bien «conectada» con la Procuraduría General de México -PGR- y me dijo: «Portillo fue avisado desde la semana pasada que se concedía su extradición».
Esto, evidentemente puso en marcha esta planeación «estratégica» que Portillo y quienes lo ayudaron, incluyendo autoridades guatemaltecas, llevaron a cabo con singular precisión.
Toda esta manipulación dio lugar a una segunda reacción. La de que, si bien una mayor parte de la población exige que Portillo sea castigado severamente y que el MP cumpla su función al igual que los jueces, surgieron también voces, las menos, que mostraban hacia él condescendencia y simpatía. Pero a esta reacción le acompañaron otras, como varios guatemaltecos que pidieron que también retorne al país Jorge Serrano, quien se encuentra viviendo la «dolce farniente» en Panamá, otros más pidieron que se juzgue (y me extrañó ver que fue un buen número), a Arzú por vender los pocos bienes del Estado que sin corrupción hubieran sido buenas fuentes de ingresos como lo son la telefonía y la electricidad, fuera de que los precios serían no tan «lucrativos» como los de ahora, y a Berger por el gasto anómalo de miles de millones de quetzales.
Lógicamente, estas son únicamente apreciaciones de diferentes personas según su particular punto de vista, el cual se debe respetar aunque algunos no lo compartamos. Hay que reconocer que el «show» fue bien montado y que Portillo actuó como el director de escena y actor merecedor del Oscar (no Berger).
La tercera reacción que fue producto de otra sorpresa más fue la medida sustitutiva impuesta por el juez, conforme al artículo 264 del Código Procesal Penal Oral, al fijar una caución de un millón de quetzales ya que el mismo artículo señala que la prestación de la misma «deberá guardar relación proporcional con el daño causado». Yo pregunto: ¿si la acusación del MP es por un «daño» de Q120 millones, no será muy poquito Q1 millón? La justicia pues, es según del color con que se mira.
Ahora bien, de cualquier forma deberá seguirse lo que comúnmente se llama el «debido proceso» (aunque la mayoría sean indebidos), pero, esta es una opinión personal, me atrevería a apostar que el MP no probará que Portillo cometió el delito de peculado (tan difícil de probar como el cohecho activo o pasivo porque casi nunca dejan huellas) y si al caso se presentaran algunas evidencias, la pena es de tres a diez años de prisión, así que, como hizo don Poncio Pilatos, se podría aplicar una «pena» de cinco años que se puede convertir en multa, o bien sacar del sombrero de los jueces y fiscales magos el llamado «criterio de oportunidad» o «procedimiento abreviado».
Lo que anticipo es que el ex mandatario saldrá libre de una u otra manera y que en el año 2012 lo tendremos ocupando una curul en el Congreso.