El bochornoso espectáculo que dan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia al no ponerse de acuerdo para elegir a quién deberá presidir el Organismo Judicial en el próximo período es una vergí¼enza sólo superada por el tiempo que se han tomado para resolver las maniobras dilatorias del señor Eduardo Meyer quien busca evitar a toda costa dar la cara con responsabilidad en el desvío de los millonarios fondos del Congreso.
En sucesivas sesiones los titulares de la Corte Suprema se han atascado sin poder alcanzar la mayoría calificada que la ley exige para elegir al Presidente. La existencia de dos bloques bien definidos que se distinguen cabalmente por tendencias antagónicas que se observan desde lo académico hasta la visión ética que tienen del trabajo, hace que se vuelva en realidad imposible encontrar puntos de acuerdo a la hora de tomar estas decisiones y por lo tanto, a falta de elección, tienen que atenerse a lo que ya resolvió en su momento la Corte de Constitucionalidad.
En otras palabras, les corresponde a los vocales ir asumiendo en su orden el cargo para evitar el vacío de poder que afectaría el orden constitucional. En el caso presente, como el vocal I de la Corte ya fue Presidente de la misma en este período y no se permite que vuelva a ocupar la presidencia, le tocará al magistrado vocal II desempeñar el cargo mientras no se llegue a una solución que permita salir del pantano en que se han metido.
Pero hagan lo que hagan y pase lo que pase, el bochorno no se lo pueden quitar y esta Corte pasará a la historia por sus clavos más que por sus aciertos, y eso que hace tiempo no tenemos una Corte integrada totalmente por juristas de gran relevancia y reconocido prestigio. De hecho, la forma en que se eligen los magistrados permite que por medio de conectes políticos lleguen a ese alto tribunal abogados que tienen un pasado por lo menos poco destacado y alguno de ellos hasta se ha dado el lujo de no sólo presidirla, sino de dirigirla tras bambalinas con otras presidencias. El imperio de la mediocridad tiene sus consecuencias y algunas las vemos ahora en ese pantano legal que hace daño no sólo a la imagen del tribunal supremo de la República, sino que a la misma administración de la justicia.
Pedir a los magistrados que se pongan la mano en la conciencia y cumplan con su deber cívico y profesional es inútil porque los intereses en juego son muy superiores. Pero al menos que se tenga claro que la salida es entregar la presidencia al magistrado vocal que corresponde, para asegurar la vigencia del estado de derecho.