Desde que el actual Presidente se sentó frente a la multitud que brindaba con atol en la Plaza de la Constitución se sabía que la atención especial tendría que centrarse en el tema de seguridad. Talvez un poco antes, pues los caballitos de batalla de ambas propuestas administrativas que se jugaron la segunda vuelta electoral versaban en combatir la delincuencia y la inseguridad.
Los cambios y el trabajo desarrollado en nueve meses de mandato han demostrado una dilatada extensión del crimen organizado que ha venido a afianzarse en todos los sectores del país. No ha transcurrido un año y ya se han visto, entre otras cosas, una carnicería de pilotos, asecho de pandillas a la niñez en los centros educativos, asaltos a plena luz del día, incremento de secuestros, asesinatos, y otros etcéteras que pueden teñir de rojo esta página.
La cosa ha sido dura. O al menos no era tan fácil como lo pensaron las actuales autoridades que creían haber encontrado la fórmula en los tiempos de campaña política. Su plan de los Cien Días y los otros plazos que se auto recetaron no fueron suficientes para contener la ola de violencia, que dicho sea de paso, la sufren más aquellos ciudadanos de a pie. Por eso, esta semana recién concluida hubo una indignación cuando brotes delincuenciales comandados por bandas organizadas mantienen en vilo a quienes residen o transita en una de las zonas más opulentas del país.
El problema es complejo y, hasta ahora, no parece haberse cuajado tal fórmula de campaña. De tal manera que en los días pasados el gobernante decidió reunir a las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República para, si bien no pedir consejos, sí apoyo para incrementar los recursos necesarios y reducir la problemática y sus secuelas.
ílvaro Colom, en compañía de su equipo de gobierno, pidió a los políticos de oposición que empujen a su favor el plan que requiere de al menos Q7 mil 400 millones, una presión que viene de la penetración del crimen organizado y el narcotráfico; el monto sería distribuido entre las carteras de Defensa y de Seguridad.
Ese incremento en el rubro de seguridad forma parte de la estrategia de reestructurar las fuerzas de servicio público. Ya fueron removidas unas autoridades de la PNC y a cada rato se habla de una limpieza dentro de la institución, sin embargo, cada cierto tiempo se descubre la complicidad de algunos policías con las bandas criminales.
Realmente hay una brasa en las manos del gobierno, y tampoco es una garantía estirar el presupuesto para que se distribuya en áreas que poco resuelven la problemática de seguridad. El pozo es más profundo de lo que parece y no basta únicamente con poner una cara de indignación al no verse capaces de enfrentar este enorme Goliat sangriento.