Bajo el cielo nublado para la economía nacional, acechada por posibles azotes que causará al país la acumulación de los problemas financieros mundiales, hay parlamentarios que no terminan de maquillar el tema de la vivienda en el país.
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No evidencian, haber contemplado que los expertos en economía ya evaluaron que la crisis impactará en las familias guatemaltecas y al país en general, y que uno de los problemas en los Estados Unidos de América se inicio, precisamente, por mala administración, prolongación y burocracia en las políticas de vivienda.
Proyectos que al final se transformaron en impagables para los estadounidenses, muchos de ellos inmigrantes, y que le está causando graves problemas económicos a esa nación y sus grupos sociales sin haber resuelto la necesidad real.
Lo mismo cada año
Miles de pobladores, de los sin vivienda, fueron convocados para formar muros humanos frente a las instalaciones del Congreso de la República, mientras se complementaba otro acto político protagonizado por tres legisladores dentro del hemiciclo, donde se conocieron dos de sus iniciativas de ley sobre la materia.
El contenido de los textos nuevos resume la adjudicación de bienes inmuebles ubicados en proyectos del extinto Banco Nacional de la Vivienda y la venta o usufructo de bienes inmuebles del Estado.
Aquellas iniciativas están siendo promovidas por los diputados Byron Juventino Chacón, Paúl Estuardo Gómez Cristiani y Benjamín Armando Paniagua, quienes piden reformas para dos decretos arrastrados y aprobados por sus antiguos colegas desde 2004 y 2007.
Y es que en lugar de restar, con esas acciones, parecen sumar problemas a la gobernabilidad del Ejecutivo y para las municipalidades, porque se sigue el viejo esquema y ejemplo de únicamente aliviar el mal pero no combatirlo.
Mientras tanto siguen utilizando el tema, aprovechando coyunturas, ya que el Banco Nacional de la Vivienda (Banvi), no termina de utilizar en su provecho recursos del Estado.
Años tras año, aparece «En liquidación» y no deja de estar en la nomenclatura que lo identifica como entidad número 632, en el manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, emisión de la Dirección Técnica del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas Públicas.
Es curioso que un mismo parlamentario, Byron Chacón, de la Gran Alianza Nacional, participa como ponente en ambos proyectos de ley.
En la primera de las iniciativas, registro 3920, de nueve artículos, pide aprobar reformas al Decreto número 25-04 del Congreso, con el fin de implementar programas de préstamos hipotecarios especiales a través de fideicomisos, por medio de la Unidad de Vivienda Popular, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).
En la segunda iniciativa, identificada con número 3921, donde vuelve a participar el parlamentario Chacón ya con dos de sus colegas, es un proyecto de trece artículos, que reforma el Decreto número 26-2007.
En está última idea no se prevé la crisis económica que se avecina para la población en el corto plazo, mencionan en el artículo 6, reforma al inciso b) «en los casos en que la suma del ingreso familiar sea superior a la tabla de referencia, así como en los casos no comprendidos en el inciso anterior, el precio se fijará por medio de avalúo realizado por valuador autorizado […].
En el resto de los contenidos, exposición de motivos y su articulado de creación de la ley no hacen mención del problema real del país, cantidad de personas o grupos familiares con necesidad, menos cuánto cuesta al país y a los contribuyentes, sino solo cómo hacer una reparación y no resolver la necesidad de vivienda.