El sector justicia en Guatemala, al igual que los otros dos organismos del Estado, vive una crisis permanente que la hace ver ante la sociedad como un gran elefante que tarda muchos años en morirse sin que haya posibilidad de curación.
Según la vox pópuli, los problemas que confronta son diversos, desde el mal ejemplo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia al desobedecer la ley (caso de los 75 años de edad), hasta lo que son los cohechos activos y pasivos, acosos sexuales y laborales que se realizan en las dependencias del Organismo Judicial, entre ellas los Juzgados, Tribunales y hasta en diferentes salas.
De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en el informe presentado con ocasión de su primer año de labores en Guatemala, de las mil y tantas denuncias presentadas por el público contra los abusos y conductas anómalas de los empleados y funcionarios del Organismo Judicial, únicamente a un aproximado del cinco por ciento se les dio el trámite respectivo; lo anterior significa que de una u otra forma, se está encubriendo la conducta dolosa de los administradores de justicia.
La MINUGUA al igual que la CICIG, han sido soportes internacionales de verificación para el respeto de los derechos humanos en Guatemala en relación al tema de la impartición de justicia; como entes de respeto (muy a pesar de algunos sectores de la población) y basados en ese informe, habrá que pedirle a las autoridades judiciales que informen al respecto, ya que el pueblo de Guatemala está deseoso de conocer el porqué no se tramitan las quejas presentadas por el público usuario contra comisarios, trabajadoras sociales, oficiales, secretarios, jueces y magistrados.
Muchos abogados litigantes se quejan de las iniquidades, desvergí¼enzas, cohechos, coacciones y conductas anómalas que deben soportar por parte del Organismo Judicial y hasta de la Corte de Constitucionalidad, lo que ha propiciado un debate con características ético-morales en círculos tribunalicios de Guatemala, con el cuestionamiento formal de la conducta asumida por algunos magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad, quienes ejercen su profesión de abogados en el Organismo Judicial, con la consabida ventaja que les brinda su dicha condición de Magistrados.
Y como dato curioso, el DíA DEL ABOGADO, el Honorable Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala publicó un campo pagado en Prensa Libre el cual en su punto 2 indica que: «por razón de su interés gremial y profesional, señala y reconoce el deficiente e insatisfactorio desempeño de la administración de justicia en su conjunto, que afecta e impacta de forma directa a la población generando inseguridad e impunidad…».