Es un hecho que a esa conclusión, la cual es compartida por una buena parte de la población (la mayorí­a según estudios), no se llega de la noche a la mañana. La tendencia estatal de «reprimir» en lugar de «prevenir» ha sido un legado tácito de los gobiernos posteriores al conflicto armado.

La negligencia de las autoridades de Gobernación en ese sentido es evidente: esta semana, ante el cambio de mando en la Dirección General y Adjunta de la Policí­a Nacional Civil (PNC), y la destitución de comisarios y subcomisarios policiales; el ministro del Interior Francisco Jiménez justificó: «se cambió de capitán de la nave y por lo tanto, también se debí­a remover al personal para que se dé una reconducción a la nave».

El Ministro agregó que la decisión estaba dentro de la lógica de «poner en marcha una nueva táctica de seguridad». Es decir, no existe una polí­tica de «prevención», eso provoca que en cada cambio de mando se tenga que «improvisar» un procedimiento de acción en contra de, en este caso, la violencia y criminalidad.

Sin embargo, las destituciones arriba descritas no garantizan que los resultados sean inmediatos, y menos aún que sean positivos. Mientras tanto, la percepción sobre la violencia y la inseguridad sigue siendo la misma en el imaginario colectivo: una policí­a con poco alcance, corrupta, penetrada por el crimen organizado y por lo anterior ineficiente; todo ello producto de la falta de un plan de prevención en materia de seguridad.

Ante esa situación, la cual no ha podido ser modificada en muchos cambios de dirección general en la PNC y en procesos de depuración derivados de esas variaciones, las opciones a las que recurre la ciudadaní­a también han permanecido: justicia por mano propia, organización de brigadas locales para persecución y castigo de presuntos delincuentes, la contratación de empresas privadas de seguridad (las cuales tienen poco control estatal) y la exigencia de la aplicación de la mano dura en lo poco que el Estado pueda intervenir.

Bernardo Kliksberg, asesor regional para América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo cita: «una actividad policial más agresiva puede (en los paí­ses latinoamericanos) encontrar seria resistencia y producir el colapso del sistema de justicia penal».

Un estudio de USAID aplicado en Guatemala, El Salvador y Honduras, indica que la implementación de los planes de mano dura arrestaron un promedio de 11 mil personas en un solo año, pero el número de homicidios ascendió de 2 mil muertes violentas en un año a 3 mil en sólo tres meses. El mismo estudio indica que de la población capturada, sólo un 5 por ciento recibió una sentencia condenatoria; lo cual satura el sistema penitenciario y de justicia en los paí­ses. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es la policí­a que necesitamos los jóvenes, los niños, los indigentes, los de escasos recursos, los trabajadores, los estudiantes… los ciudadanos?