La parlamentaria Nineth Montenegro dijo: «Hay suficientes elementos de prueba para demostrar que esta empresa (MDF) fraguó una serie de estrategias para finalmente extraer esos recursos (Q82.8 millones) e incluso saber si realmente los invirtieron en la bolsa de valores. A estas alturas ya la duda ha entrado».
lahora@lahora.com.gt
Ello porque en el informe escrito, rendido por el ex interventor Raúl Falla y entregado a la jueza Quinto de Primera Instancia Civil, Leticia Monroy, sigue revelando que de 28 personas que fundaron la empresa, trece eran empleados y familiares entre sí, tenían un porcentaje de entre 19.83%% hasta 22%% en intereses, mientras el Congreso solo recibía 9%%, explicó Montenegro.
Además, dichos socios solo tenían un capital de Q1, 433,819.44, todo lo demás era dinero del Congreso, lo que hace suponer que hubo concurso de delitos de una empresa que se creó entre empleados, amigos y parientes con el objetivo único de drenar recursos públicos, enfatizó la legisladora.
Hubo engaños al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ya que ellos reportaban que ganaban salario mínimo de Q1,400.00 mensuales, pero el informe dice que Raúl Girón tenía salario base de Q22,175.00 sumado a Q9,000 y US $2,000 de gastos de representación, y obtenía comisiones variables.
Lo más penoso es que el mismo Girón se hacía préstamos, contaba con seguro de vida, de vehículos, gastos de gasolina, viáticos y se lamenta que todavía le solicitaban devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Estado, por ejemplo, pedía devolución de Q16,000.00 del ISR Estuardo Mancilla», subrayó la diputada.
«Raúl Girón pedía devolución de Q30,000.00 o sea que, perdón por la palabra, mamaron del Estado en todos los sentidos, porque el salario de casi Q50,000.00 no lo registraron ante el IGSS», anotó la funcionaria.
Ministerio Público
La parlamentaria insistió que se le debe pedir al jefe del Ministerio Público (Amílcar Velásquez Zárate) que debe entrar al fondo del asunto.
Esas personas quisieron hacer creer que MDF era una empresa rentable, la cual la fundaron en 2003 y empezó sus operaciones en 2004 antes de que empezaran las inversiones de dinero del Organismo Legislativo, en 2007.
Sin embargo poco se sabe de lo que pudo haber ocurrido en 2006. «Vamos a investigar realmente hacia atrás, estamos pidiendo una auditoría forense, porque sabemos de inversiones a partir de 2007 con los Q16 millones y luego los Q82 (millones)» reiteró.
Hay cabezas visibles como Jorge Estuardo Mancilla y Luis Eduardo Anleu Sánchez, que se repite en la lista de los más beneficiados como ejecutivo de negocios. Además se debe seguir la pista a la pareja de los esposos Jorge Luis Pinillos Ugarte y Ana María Solares de Pinillos, involucrados en el caso y actualmente prófugos, siguió diciendo Montenegro.
El Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil rechazó la solicitud de pago de honorarios que Raúl Falla Ovalle, ex interventor de Mercado de Futuros (MDF), presentó un días después de dejar el cargo.
Dora Leticia Monroy, presidenta de la citada judicatura, no dio trámite a la referida solicitud debido a que Falla Ovalle no hizo un planteamiento adecuado de esa petición, ya que en el documento se refiere a sueldo, salario u honorarios.
Aunque el ex interventor puede presentar una nueva solicitud para la referida retribución, hasta la fecha el Juzgado Quinto Civil no ha recibido otro memorial.
La auditoría forense solicitada por el Registro de Mercados, Valores y Mercancías quedó suspendida luego que los auditores nombrados por el Juzgado Contralor del caso civil se negaran a efectuar esa diligencia.
Mario Ricardo Rojas Zelaya y Eliezer Neftalí González, fueron los auditores de la Superintendencia de Bancos que se negaron a ejecutar la citada auditoría. El Registro de Mercados no ha efectuado una nueva solicitud al Juzgado Quinto Civil para la práctica de esa auditoría en Mercado de Futuros, casa de bolsa donde el Congreso depositó Q82.8 millones.