La grave crisis que agobia a Bolivia, caracterizada por la violencia política que dejó un saldo de 19 muertos y una fuerte polarización regional, dio paso esta semana al diálogo entre el gobierno del presidente Evo Morales y la oposición.
La negociación distribuida en tres mesas de trabajo tiene el objetivo de establecer un acuerdo nacional que podría ser firmado el fin de semana en presencia del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
El pacto debería alcanzar al menos tres macropuntos de consenso que han mantenido en vilo durante casi dos años a los bolivianos, como las autonomías departamentales, una nueva Constitución y la distribución de los ingresos del gas, quintuplicados tras la nacionalización de los hidrocarburos de Morales.
Son estos los puntos nodales que mantienen confrontados a Morales con los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca, además del de Pando -detenido preventivamente en una cárcel, investigado por una matanza de campesinos-, que pusieron al país al borde de una guerra civil.
La posibilidad de una división territorial o de una conflagración civil -Morales denunció un «golpe de Estado cívico y prefectural»- articuló de inmediato a la comunidad internacional que llamó a la pacificación y al diálogo.
Al cabo de intensas gestiones de la diplomacia, los líderes nacionales convinieron en un acercamiento que transcurre desde el jueves en la ciudad de Cochabamba (centro del país) con delegados de la OEA, ONU, Grupo de Rio, Unasur y Unión Europea, como observadores.
La división interna comenzó a gestarse cuando el líder cocalero Evo Morales, primer presidente indígena en casi dos siglos de vida republicana, llegó al gobierno en enero de 2006 en momentos de un fuerte desgaste de los partidos tradicionales.
Acunado en las luchas sindicales, Morales llegó al poder con un 54% de los votos, caudal jamás logrado en el último medio siglo, y con un discurso de izquierda que de inmediato lo confrontó con las élites.
La nacionalización de los hidrocarburos en mayo de 2006 y el anuncio de una auditoría de las tierras fiscales, en el marco de una reforma agraria, terminó por definir el carácter de su política y de activar además una desenfrenada oposición contra su gobierno, según relató él mismo en más de una oportunidad.
Morales suele narrar que la primera reacción de la oligarquía ante su victoria electoral fue decir: «pobre indiecito, que esté en el gobierno un tiempo» hasta que la misma se rearticule como clase luego de mantenerse en el poder desde que fue recuperada la democracia en 1982.
Sin embargo -prosigue- «cuando el pobre indiecito hace cambios conspiran y dicen «hay que tumbar al indio»», mediante un golpe de Estado.
Según Morales (aliado de Venezuela, Cuba e Irán) también Estados Unidos -a cuyo embajador expulsó el pasado domingo- conspiró para alejarlo del poder, a pesar de que un referendo lo ratificó en agosto con el 67% de los votos.
El ex jefe de la misión diplomática estadounidense, Philip Goldberg, dijo al diario boliviano La Razón que «algunas acusaciones no son sólo falsas, sino (van) más allá de toda relación entre dos Estados».
La expulsión de Goldberg, considerada por Estados Unidos como «algo muy serio», podría llevar a Washington a recortar la cooperación global a Bolivia -incluída la ayuda antidroga- que suma unos 130 millones de dólares anuales, además de acabar con el ATPDEA que abre las puertas al mercado estadounidense.
Por lo pronto, Washington descertificó los esfuerzos antidroga del gobierno de Morales, quien respondió que Estados Unidos «no tiene ninguna moral ni ética» para sancionar a Bolivia y calificó el dictamen de político.