El Salvador cuenta con un récord de 19.800 reclusos en sus 21 centros penales con capacidad para 8 mil personas, lo que convierte al sistema en una «bomba de tiempo» en donde, en cualquier momento, podría estallar la violencia por el hacinamiento, advirtieron organizaciones humanitarias.
La situación de hacinamiento en las cárceles «es algo que preocupa porque, obviamente, son bombas de tiempo (…) la violencia puede aflorar con facilidad por las malas condiciones en que los reos están cumpliendo su encierro», consideró el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, Benjamín Cuellar.
Según las estadísticas de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), mensualmente ingresa un promedio de 2.500 presos al sistema penitenciario, por lo que se estima que al cierre del 2008 la población penal sobrepasará los 20.000 internos.
«Si vemos las proyecciones de los años anteriores y las actuales, ahí podemos afirmar que la cifra de reclusos se ha disparado y la tendencia que se marca es que la cifra siga a un alza, pero lo que tenemos actualmente son esos 19.800 reos», afirmó el director general de Centros Penales, Gilbert Cáceres.
Para el director de la Policía Nacional Civil (PNC), comisionado José Luis Tobar Prieto, el incremento de la población reclusa es una muestra de la «buena eficacia» del cuerpo de seguridad.
«Estamos en una franca lucha en contra de los delincuentes y de todos aquellos que transgreden la ley, y eso se refleja en que hoy tenemos más gente en las cárceles», insistió el funcionario.
Las autoridades tanto de seguridad pública como de la DGCP están conscientes de que los centros penales se hallan en condiciones de «hacinamiento», por lo que ha sido necesario incrementar el personal de seguridad y considerar la construcción de nuevas cárceles para paliar lo sobresaturado del sistema, dijo Cáceres.
El elevado número de reos también incrementa los costos de sostenimiento del sistema penitenciario. Anualmente, la DGCP gasta en promedio unos 13,4 millones de dólares en la alimentación de la población reclusa.
Para el director ejecutivo de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro, una de las causas del hacinamiento en las prisiones es la política represiva del gobierno.
El activista se pronunció por la aplicación de planes preventivos para salir al paso de la delincuencia y las pandillas.
«En vez de buscar llenar más las cárceles, lo que se debería hacer es apostar por tener planes efectivos de prevención del delito; pero llenando las celdas no se va a frenar la violencia, pues las mismas cárceles se convierten en focos graves de violencia y de enseñanza de la violencia, donde los reos no se pueden rehabilitar», advirtió Montenegro.
Por su parte, el director de la Policía señaló que, ante el hacinamiento, la institución ha tenido que mantener listos planes contingentes de seguridad para contrarrestar eventuales estallidos de violencia.
Del total de presos en las cárceles de El Salvador, 12.000 ya cumplen su condena, mientras que los restantes 7.800 aún están enfrentando procesos judiciales.