Lo que las autoridades y los tribunales de justicia recusan, es analizada por instituciones internacionales que se han preocupado por nuestro futuro. Recientemente, el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) concedió audiencias a lí­deres de los pueblos ví­ctimas de la contaminación, por lo cual se condenó al Estado, a algunas municipalidades y a la empresa minera Marlin por la extracción de metales en Sipacapa, San Marcos; Aguacatán, Huehuetenango, y San Cristóbal, Alta Verapaz; puesto que dichos trabajos conlleva el uso de agua y ácidos tóxicos que posteriormente contaminan los riachuelos y bosques.

Esta condena es un llamado ético a los tres poderes del Estado y a la sociedad para poner lí­mites a tanta contaminación. Es cierto que la decisión no es vinculante para cumplir la ley contra las empresas mineras, pero es un reclamo a los tribunales que se duermen en sus laureles o de alguna forma protegen intereses personales. Es paradójico que el Ministerio Público agilice investigaciones y solicite penas de cuatro años contra una persona que robó gallinas, mientras que los empresarios que atentan contra la vida y la naturaleza sigan actuando en la impunidad. íšltimamente prevalecen intereses en solventar peticiones de politiqueros que han malversado fondos, contrario a la declaración ilegal de las licencias de explotaciones mineras. ¡Sólo así­ se demuestra a quienes favorece la justicia!

La actividad minera, la deforestación y la industria son las principales fuentes de contaminación que provoca el calentamiento global del planeta, por lo que las exigencias de la población indí­gena en salvaguardar la madre tierra es urgente atenderla. El tema no es de interés para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia porque no viven en carne propia las secuelas del problema, por ello debe analizarse los fundamentos legales de los 24 municipios que han desarrollado Consultas Comunitarias, en las cuales se ha rechazado las actividades mineras.

El gobierno anterior promovió las explotaciones de metales sobre la base de mentiras, aduciendo que estas empresas forjarí­an desarrollo y generarí­an oportunidades de empleo a los lugareños, pero ahora es evidente que no sólo explotan la fuerza laboral, sino son empobrecedores.

Permitir las polí­ticas nefastas de contaminación e ignorar alternativas de defensa de la Naturaleza es desatender la problemática mundial, por lo que es urgente restituir los derechos violentados de los ciudadanos. Es imprescindible modificar la Ley de Minerí­a para asegurar la Soberaní­a Nacional y se implemente un proceso viable para el aprovechamiento de los Recursos Naturales.

La condena moral del Tribunal internacional debe ser acatada por el Organismo Judicial y la ciudadaní­a. Basta de tantas componendas entre autoridades y sector privado que se dedican a estos negocios millonarios.